TRIBUNALES
La Audiencia juzgará el día 28 la estafa de FP, que afecta a 113 perjudicados
Piden cuatro años de prisión para los tres acusados por la trama de los cursos de La Bañeza
Fachada del centro educativo, ubicado en La Bañeza
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzgará entre los próximos días 28 de septiembre y 1 de octubre, por espacio de cuatro días, a tres personas, para las que se pide una pena de cuatro años de prisión por un supuesto delito de estafa, a los que se acusa de convocar la celebración de cursos para la obtención de títulos de educación a distancia de Formación Profesional que no estaban homologados, a través de su empresa Tierras de La Bañeza.
113 personas resultaron afectadas por el caso. El Ministerio Fiscal solicita las indemnizaciones correspondientes para ellos. La defensa de los acusados, una de cuyas representaciones encarna el letrado Ricardo Gavilanes, considera que no existió delito alguno y propone la libre absolución.
El Fiscal imputa a la directora, el jefe de estudios y el secretario del centro privado de Formación Profesional de La Bañeza, que tenía limitada a un máximo de 20 alumnos la capacidad de inscripción para su cursos, pese a lo cual admitió a 110 alumnos más del cupo máximo, facilitándoles documentación carente de valor puesto que no estaban admitidos para su adscripción en el Instituto de Educación Secundaria «Vía de la Plata».
Desde el 2007
Fue durante tres años, entre el 2007 y el 2010. Los alumnos pagaron, siempre según el Ministerio Público, una matrícula de 90 euros y unas cantidades fijas mensuales variables. El importe total de la cifra supuestamente defrauda se eleva por encima de los 100.000 euros.
Considera la fiscalía que se trata de un supuesto caso de estafa continuada por el que se pide una pena de cuatro años de prisión para los tres acusados.
La defensa entiende que no concurre el supuesto de estafa, puesto que a lo sumo se podría incardinar la irregularidad contable en el tipo de los errores administrativos.
Recuerda el letrado que los imputados devolvieron el dinero a los afectados por el caso «gracias a la posición franca y noble del centro». Un error de carácter administrativo «no puede ser imputable en el marco penal a la directora del centro» ya que se trataría como mucho « de un error de administración o una mala interpretación, a lo sumo».
Lamenta el defensor que, además de la acusación que pesa sobre la directora del centro, se añadan los cargos a su marido y a su hijo «cuando sus labores no eran de dirección sino que se limitaban a lo meramente administrativo», según los escritos de defensa.