Competencia no aprueba la orden para consumir carbón y ahoga al sector
La CNMC elude resolver una medida que tenía que haber entrado en vigor el pasado enero.
Mineras y eléctricas siguen esperando que se tramite una orden que debía haber entrado en vigor el 1 de enero pasado.
Casi diez meses de retraso, cesiones en sus expectativas por las partes implicadas, un colapso empresarial en muchos casos irrecuperable y miles de trabajadores acumulando meses de paro no han sido suficientes. Cuando fuera de todo plazo razonable la orden de pagos por capacidad (que desde finales del año pasado tenía que haber reemplazado al real decreto de restricciones por garantía de suministro, para dotar de un marco legal a las relaciones entre eléctricas y mineras) ha llegado al consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el despropósito ha vuelto de nuevo la espalda a los intereses del sector minero.
Con al menos siete meses de retraso la orden de los pagos por capacidad (que así se denomina ahora el marco que previsiblemente tendrá que tener la generación eléctrica con carbón nacional) llegó antes del verano al regulador, cuyo informe vinculante es imprescindible para enviar a la UE la normativa que regulará la relación entre eléctricas y mineras hasta 2018. El compromiso, varias veces aplazado, era que la CNMC decidiría su dictamen en julio. No fue así. Luego en la primera quincena de septiembre. Tampoco.
Incentivos
Finalmente la norma de la que depende la agonía que vive el sector minero leonés se llevó el pasado miércoles al consejo de la CNMC, que debía decidir sobre la orden de pagos por capacidad del sistema eléctrico español. Es decir, la norma que se adapta a la legislación comunitaria para incentivar las inversiones de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional, a cambio de ayudas que les permitan adaptarse a las exigencias de la directiva comunitaria sobre emisiones. Y que en compensación regula el consumo de mineral autóctono.
La orden enviada el 28 de mayo por el Ministerio de Industria al preceptivo dictamen de la CNMC había sido consensuada por el sector, no sin tiranteces y cesiones. Por parte de las empresas mineras porque, según reconoció la patronal del sector Carbunión, era mejor aprobarla renunciando a sus objetivos que seguir sin ella; y además porque las empresas eléctricas tienen de plazo hasta el muy próximo 1 de octubre para comunicar a la UE si van a adaptar sus térmicas de carbón a la nueva directiva comunitaria de emisiones o se acogen al plan de cierre de instalaciones. Un plazo que ya ultima su período de prórroga.
El caso es que el consejo de la CNMC puso sobre la mesa este miércoles la orden ministerial. Pero, superado ya el límite de todos los plazos, no se llegó a ningún acuerdo. Ni desacuerdo. El regulador aplazó la decisión final hasta dentro de dos semanas, según las fuentes consultadas; en concreto al pleno del día 30, un día antes de que en teoría las eléctricas tengan que comunicar in extremis sus decisiones.
En teoría la orden ministerial llegaba con todos los matices e informes jurídicos que garantizaban la adecuación del marco de incentivos a las exigencias europeas sobre apoyo estatal a determinados sectores. Así consta en los numerosos informes realizados en los últimos meses; y esta era la voluntad trasladada en las últimas semanas, incluso días antes de la celebración del consejo, a los sectores implicados en la orden.
Sin embargo, los enfrentamientos en el seno del consejo de la CNMC esta semana han obligado a aplazar la resolución de un dictamen que parecía haber sido pulido hasta sus últimos flecos. La decisión última, o no, a finales de mes. Muy tarde para el sector minero.