Un informe que se centra en los dictámenes desfavorables
El informe de la CNMC recuerda que el real decreto de restricciones por garantía de suministro que estableció los mecanismos de compra de carbón en los últimos cuatro años «fue una norma duramente cuestionada por los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, «al considerar que introducía graves distorsiones en la competencia efectiva y en los mecanismos de organización de los mercados eléctricos».
E insiste en que también la Comisión Nacional de la Energía (ambos organismos hoy desaparecidos) manifestó la conveniencia de suprimir el mecanismo, por el impacto que estaba teniendo sobre la formación de precios del mercado eléctrico y sobre el funcionamiento de las distintas tecnologías. «Cifró el sobrecoste para el consumidor de electricidad en 400 millones de euros anuales».
Sin embargo, el informe del nuevo organismo regulador de la competencia no menciona en ningún momento que el real decreto de restricciones por garantía de suministro fue respaldado por la Comisión Europea, que declaró su compatibilidad con las exigencias recogidas en el Tratado.
Legalidad
Además, la legalidad del mecanismo quedó avalada en 2010 con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea respecto a la demanda que interpuso Castelnou Energía contra la puesta en marcha del real decreto.
También la Xunta de Galicia inició un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia Europeo contra la norma, aunque finalmente desistió y fue condenada en costas, que tuvo que pagar a la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico estuvo personado en ambos procedimientos.
En todo caso, el informe que se requería a la CNMC se refiere a la orden ministerial que se le envió el pasado mes de mayo, que precisamente se elaboró para sustituir a un mecanismo que ya se sabía que no podía prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2014. Ni entonces ni ahora hay sobre la mesa una solución definitiva para la minería.