El plantón de la CNMC al carbón amenaza con cerrar las térmicas a mediados de 2020

Las trabas puestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la orden de pagos por capacidad a las térmicas para apoyar a la minería del carbón nacional amenazan con cerrar las centrales en junio de 2020, tres años y medio antes de lo que lo harían si no se hubiesen acogido al Plan Nacional Transitorio. Incluso antes, si se mantiene el ritmo de actividad actual y consumen el cupo de emisiones que tienen asignado en este momento. El revés del regulador a la propuesta de Industria (que había sido consensuada antes con el sector) ha disparado las alarmas en las compañías eléctricas, que advierten de que cualquier retraso a partir de ahora puede dar al traste con los planes de futuro para las térmicas de carbón.

La amenaza se cierne sobre los tres grupos que Endesa pretende mantener activos en Compostilla (3, 4 y 5) y el de Gas Natural Fenosa en La Robla (2); además del de Iberdrola en la localidad palentina de Guardo. El retraso en la tramitación de la orden de pagos por capacidad, que debía haber entrado en vigor en enero, impidió que las eléctricas pudiesen tomar la decisión de comprometer las millonarias inversiones para adaptarse a la Directiva de Emisiones Industriales, que tras un período de retraso tenía que haberse comunicado a la Comisión Europea antes del pasado 1 de octubre.

Compromiso

Industria se comprometió, sin embargo, a aprobar la orden en cuanto tuviese el visto bueno de la CNMC, que recibió el borrador en mayo pero no emitió su dictamen hasta finales de septiembre. Y no fue el informe esperado. De hecho, recomienda al Gobierno que consulte a la Unión Europea antes de poner en vigor la medida, un trámite que llevará meses. El compromiso del departamento que dirige José Manuel Soria llevó a las compañías eléctricas que pretenden hacer las inversiones para alargar la vida de sus centrales a acogerse al Plan Nacional Transitorio.

De no haberlo hecho, habrían entrado en el período de vida útil limitada, que sólo permite 17.500 horas de funcionamiento desde el 1 de enero próximo, y plantea el cierre definitivo como máximo el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, según fuentes del sector, si una vez acogidas a este plan no llevan a cabo finalmente las inversiones para adaptarse a la normativa europea, la fecha de cierre de las centrales se adelantará tres años y medio: el 30 de junio de 2020 como muy tarde. Incluso antes, si alcanzan el límite máximo de emisiones que ahora tienen asignado.

Más retrasos

La preocupación de las compañías eléctricas va más allá. Temen que, a dos meses de las elecciones generales, el Gobierno actual deje pasar el poco tiempo que le queda para publicar la orden de pagos por capacidad y opte por que sea el próximo Ejecutivo el que tome la decisión.

Un retraso más de varios meses que pondrían definitivamente en peligro la posibilidad de que los cuatro grupos térmicos de la provincia que pretenden asegurarse un futuro a largo plazo lo hagan (Anllares ya tiene autorizado su cierre por renunciar a adaptarse a la directiva comunitaria).

Desde el sector aseguran que la decisión definitiva sobre si harán o no la inversión medioambiental tiene que estar aprobada por las eléctricas como muy tarde en la próxima primavera, y es una decisión compleja cuando en algunos casos se toma en la cúpula de multinacionales que ni siquiera tienen su sede en España. Sin orden aprobada y sin conflictos no habrá inversión. Y el tiempo se agota.