Querella criminal a RMD por el incendio que quemó doce mil toneladas de neumáticos

Ecologistas en Acción ha presentado, en el Juzgado de Instrucción número 2 de León, una querella criminal contra la empresa Recuperación de Materiales Diversos (RMD), ubicada en Ardoncino, por el incendio de neumáticos usados ocurrido entre los meses de julio y agosto del pasado verano. La organización extiende la responsabilidad a la Junta de Castilla y León y a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Tras una primera fase de estudio y valoración en Fiscalía, y apertura de diligencias previas, el Juzgado ha admitido la personación de la organización ecologista y le ha requerido que presente querella, la cual se ha formulado contra el administrador único de la empresa, extendiéndose la acción a los posibles responsables físicos de la mercantil que a resultas de la instrucción figuren como responsables de los hechos, sin perjuicio de los responsables físicos de la administración Autonómica (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), Confederación Hidrográfica del Duero, u otros que resulten.

La tipificación penal se centrará en los presuntos delitos de incendio, imprudencia grave y los derivados de la contaminación atmosférica, del agua y del suelo.

El incendio se produjo el pasado 20 de julio en el almacén que la planta tiene en Ardoncino y no fue hasta el 10 de agosto cuando se dio por concluido el siniestro en el que se calcula que se quemaron unas doce mil toneladas de neumáticos. Durante todo ese tiempo, los vecinos, representados en la plataforma Valle de Conforcos, denunciaron su preocupación por respirar un aire blanquecino que desde Ardoncino se extendió a las localidades de Antimio de Abajo y Viloria de la Jurisdicción, que les obligó a temer las ventanas de sus casa cerradas día y noche. Además solicitaron un informe al Seprona para conocer qué consecuencias tenía para sus cosechas esta contaminación atmosférica, que incluso llegó a teñir de negro los acuíferos.

La organización ecologista se basa en estudios realizados por la EPA (Agencia Estatal para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) sobre las emisiones que se producen en incendios de neumáticos de desecho, las emisiones máximas de partículas PM10 (que supondrían algo más del 10% de toda la materia que entra en combustión) estarían cerca de las 1.400 toneladas, cantidad que permite hacerse una idea de la magnitud del siniestro, dado que sería similar a la cantidad de partículas PM10 emitidas por las cuatro grandes centrales térmicas de carbón de Castilla y León durante todo un año. Las partículas transportan otros contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las dioxinas, los furanos o los metales pesados, extremadamente peligrosos para las personas y el medio ambiente, incluso cancerígenos como el benceno y el benzo(a)pireno. Además, de acuerdo con el Convenio de Basilea que documenta incendios de estas características, el agua utilizada en la extinción, vertida hacia el valle de Antimio de Abajo, puede haber producido contaminación en los cauces.

Para la valoración del impacto ambiental, se ha solicitado judicialmente a la Junta y a la CHD los expedientes relacionados con el incendio, pues los informes emitidos hasta la fecha son parciales y algunos, como el análisis de los productos de las huertas, pastos y terrenos de cultivo, cuyo muestreo realizó la Junta en la semana del 17 de agosto, aún no han sido facilitados, con la consiguiente incertidumbre para productores y consumidores.

Independientemente del origen del fuego, accidental o provocado, los ecologistas consideran que sin duda los efectos se han visto multiplicados por el incumplimiento de las condiciones de almacenamiento que impone el Real Decreto, 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso; por ejemplo, tener los neumáticos apilados en «montañas» de ocho a diez metros de altura, cuando el Decreto cifra en tres metros la altura máxima. Igualmente, todo parece indicar que la empresa carecía de un sistema de prevención y extinción acorde al riesgo, como señala la normativa, lo que hizo imposible la extinción del incendio en los primeros momentos, multiplicando el daño ambiental.