ADMINISTRACIÓN Y MOROSIDAD
León suma en 9 meses 25,5 M€ de retrasos en los pagos en la administración
Tan sólo 41 entidades de la provincia abonan a sus proveedores fuera del mes de plazo fijado por la Ley .
Un total de 41 ayuntamientos y mancomunidades de León superan en el pago de sus facturas el plazo de 30 días que establece como tope la ley sobre morosidad. De acuerdo con los datos que el Ministerio de Hacienda divulgó la semana pasada, correspondientes al mes de septiembre, las entidades de la provincia emplean 28,49 días de media en cumplir con sus proveedores, muy por debajo de la media de las comunidades autónomas españolas que tardan 55,48 en abonar sus facturas.
La entidad que más tarda en ponerse al día de sus deudas es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que demora sus obligaciones 214,27 días, es decir, 184,27 días más tarde de lo marca la Ley. Son también preocupantes los datos de Villablino, La Pola de Gordón y Vega de Infanzones, que tardan 181,90, 130,96 y 123,84 días, respectivamente, en pagar a sus proveedores.
Por contra, de los 95 ayuntamientos y mancomunidades que pagan dentro del plazo estipulado por la Ley, 60 lo hacen incluso en menos de 15 días, y cinco de ellos, Luyego, Matadeón de los Oteros, Sobrado, Valverde-Enrique y la Mancomunidad del Sil abonan sus facturas en el acto.
En el caso del Ayuntamiento de León, las cuentas se saldan en 57,22 días, 27 más tarde de lo que marca de la Ley. En contra, la Diputación de León abona en 29,73 días, lo que sitúa a la institución provincial justo en el límite legal de los 30 días.
Según la publicación del Periodo Medio de Pago a Proveedores de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al mes de septiembre, León tenía pendientes facturas por más de 25,5 millones de euros con sus proveedores. La entidad que más debe es el Ayuntamiento de León, con 10,9 millones de euros, seguida de San Andrés del Rabanedo, con 3,8, Ponferrada, con 2,9 millones, Villaquilambre con 1,2 y Bembibre, con 1,029.810 euros pendientes de pago.
Preocupantes son también las deudas con sus proveedores de Villablino, que acumula facturas por 630.386 euros, Fabero 326766, La Pola de Gordón 203.897 y Astorga con 234.257 de deuda.
Abultada también es la carga de la Diputación de León, cuya duda ascendía en septiembre a los 801.812 euros con sus proveedores.
En el lado opuesto se encuentran ayuntamientos como La Antigua, Bercianos del Páramo, Carucedo, Castilfalé, Cebrones del Río, Corbillos de los Oteros, Escobar de Campos, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Luyego, Llamas de la Ribera, Matadeón de los Oteros, Molinaseca, Murias de Paredes, Quintana del Marco, San Pedro Bercianos, Santa María de Ordás, Santovenia de la Valdoncina, Sobrado, Toreno, Valdefuentes del Páramo, Valverde-Enrique, Vallecillo, Villabraz, Villamartín de Don Sancho, Villamol, Villanueva de las Manzanas, Villares de Órbigo, Villasabariego, Villazala, Villazanzo de Valderaduey, El Burgo Ranero, Calzada del Coto y Carrocera, cuya deuda con sus proveedores estaban a cero el pasado mes de septiembre.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a las comunidades autónomas un escrito en el que se insta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y al cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, de forma que se mantenga la confianza de los mercados financieros y las instituciones internacionales en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas y se afiance la mejora de la situación económica.
En el transcurso del año 2015, la deuda total no financiera ha disminuido en más de 4.063 millones de euros, que supone una reducción del 19,3% con respecto al mes de diciembre de 2014
El pasado 20 de noviembre de 2015, el Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), acordó la asignación de recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, por importe de 7.889,17 millones de euros, a las quince comunidades adheridas al mismo, a través del compartimento de Facilidad Financiera y del compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico.
Estos recursos adicionales están destinados a atender las necesidades de financiación derivadas de déficits de ejercicios anteriores y evidencian el apoyo financiero del Gobierno a las Comunidades Autónomas a través de los mecanismos de liquidez. Estos fondos se desembolsarán directamente por parte del Estado en favor de los proveedores de las comunidades autónomas, atendiendo especialmente a los servicios públicos fundamentales.