CAMPO
La remolacha se apunta al PDR
El 87% de los cultivadores de León se suma a las medidas agroambientales. El programa garantiza una ayuda de 350 a 470 euros por hectárea y obliga por un periodo de cinco años
Las labores de arranque de la raíz, en una parcela de San Martín del Camino
Pese a los recelos que suscitó en octubre, cuando los remolacheros recibieron la carta de la Consejería de Agricultura y Ganadería para adherirse o renuncia, lo cierto es que un 87% de los remolacheros de la provincia ha aceptado las condiciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, que otorga ayudas de 350 a 470 euros por hectárea a los cultivadores.
La Junta de Castilla y León apuntaba ayer que la cifra podría incrementarse aún. atendiendo a los 845 agricultores que sembraron remolacha la primavera pasada, serían 735 los que cumplirán los requisitos agroambientales para conseguir una ayuda que les permita situar el precio de la tonelada producida en unos 42 euros —la cantidad varía en función del productor—, cantidad en la que se incluye, además del pago de la Azucarera, la Ayuda Asociada de la Política Agraria Común.
Que 87 cultivadores no se adhieran al PDR no permite concretar una caída de la superficie de este cultivo industrial, ya que de quienes no han optado por la ayuda habrá una parte que abandone el sector remolachero, pero otros podrían mantener la producción, obteniendo unos 38 euros por tonelada. Se trata de agricultores que consideran excesivas las condiciones del programa para el total del periodo.
Los agricultores acogidos al PDR deberán cumplimentar un cuaderno agroambiental de la explotación, ampliar la rotación de cultivos a cuatro hojas, de manera que la remolacha no ocupe la misma superficie de la explotación en al menos tres años, asistir a al menos dos jornadas formativas sobre el uso de fitosanitarios, ajustar el abonado en función de análisis de los terrenos, mejorar la eficacia del riego, incorporar los restos de la cosecha al suelo para la captura de CO2 atmosférico, una rotación con leguminosas, proteaginosas y crucíferas en un superficie equivalente a la del contrato ambiental y, de manera voluntaria, la siembra de leguminosas en más de 80 kilos por hectárea previa a la de remolacha y para su enterrado en verde.