El PSOE denuncia que León presenta el peor ratio de bomberos por habitante
Los socialistas llevan a las Cortes una iniciativa para crear una red autonómica de parques.

La provincia sólo cuenta con dos parques profesionales, en León y Ponferrada. RAMIRO
m.r. | león
La provincia de León tiene el peor ratio de la Comunidad en extinción de incendios. Concretamente, dos bomberos profesionales por cada 10.000 habitantes. El dato es aún más significativo si se tiene en cuenta que Castilla y León tampoco alcanza el ratio adecuado para afrontar la extinción de incendios, fijado en 10 bomberos profesionales por cada 10.000 habitantes. La situación queda reflejada en la iniciativa que el PSOE presentará en el pleno de las Cortes para crear una Red Autonómica de Parques Provinciales y Comarcales de Bomberos, Protección Civil y Salvamento. El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Aceves, espera que el PP recapacite después del empate en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente y cumpla la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que impulsó el propio PP y que ahora se niega a desarrollar.
Castilla y León «ocupa uno de los últimos lugares de todas las comunidades autónomas de España en disponibilidad de parques de extinción de incendios». Recuerda que la Unión Europea (UE) señala como ratio adecuado para afrontar la extinción de incendios la existencia de 10 bomberos profesionales por cada 10.000 habitantes, «pero Castilla y León cuenta con una media de 3, muy por debajo del ratio recomendado». El procurador segoviano analiza los datos por provincias y explica que cinco están por debajo de esta media, con León como la peor situada, seguida de Segovia, Ávila, Salamanca y Palencia. Las otras cuatro (Soria, Zamora, Valladolid y Burgos) superan la media autonómica, «pero quedan muy lejos del ratio requerido y aconsejable».
Aceves argumenta que corresponde al Estado la legislación básica en materia de protección civil, pero «las comunidades autónomas han ido ejerciendo competencias en esta materia que afecta a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente».
El procurador socialista consisera que este avance en el ejercicio de competencias ha transformado lo que se conoce como protección civil, «abriendo un nuevo ámbito no vinculado a las situaciones de catástrofe o calamidad, sino a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».
Añadiendo que este nuevo marco normativo de protección ciudadana se intentó plasmar en la comunidad con la promulgación de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, «pero lamentablemente no ha funcionado por la falta de desarrollo, concreción y aplicación de políticas efectivas».
Aceves también advierte de que las administraciones municipales y provinciales también desarrollan actuaciones en esta materia, «asumiendo, en muchas ocasiones, competencias que no les corresponden y realizando una cooperación necesaria pero que necesita coordinación».
A este respecto, Tino Rodríguez, procurador leonés y portavoz socialista en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, destaca que, «a pesar de ser la provincia más extensa, somos la que menos infraestructuras contra incendios tiene de una comunidad que se encuentra a la cola de España». Rodríguez recuerda que, de los 80 parques comarcales de bomberos que existen en Castilla y León, León sólo tiene dos. Sobre los medios humanos, el también secretario general del PSL-PSOE, explica que León «lidera los datos negativos, porque tenemos cinco veces menos de lo que marca la normativa europea, es decir, sólo dos bomberos por cada 10.000 habitantes». Tino Rodríguez denuncia que la Junta ha perdido otro año para empezar a tomar medidas, «aletargada, para echarse las manos a la cabeza cuando vuelvan los incendios».
El Grupo Socialista precisa que existe, además, un importante desequilibrio territorial en los efectivos disponibles, «tanto en el número de bomberos profesionales que integran los parques de extinción de incendios existentes, como en los recursos de que estos disponen». Tampoco existe «un criterio definido respecto a los modelos de gestión de los servicios de extinción, de modo que se pueden computar hasta ocho fórmulas distintas».