«Sin las diputaciones los pueblos recibirían un 40% más en tributos»

maría carnero | león

La crisis que atraviesa el campo de León, como consecuencia de la peor temporada de lluvias que se recuerda, es la más grave de las últimas décadas. Lo dice Matías Llorente, secretario general de Ugal-UPA y diputado provincial, una de las personas que mejor conoce el campo leonés, ya que además de alcalde de Cabreros del Río es agricultor en activo. El histórico político y sindicalista leonés participó ayer en el Filandón, la tertulia organizada por la 8 de Televisión de Castilla y León, en colaboración con Diario de León.

Con un retraso en la siembra de tres meses, la incertidumbre de si lo sembrado tendrá rentabilidad, y cerca de 10.000 toneladas de remolacha sin recolectar, el panorama del campo leonés es «muy preocupante». Por eso, Matías Llorente agradeció la visita de la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, el pasado martes a Ferduero, donde expuso alguna de las medidas que el ejecutivo autonómico pondrá en marcha para paliar esta situación.

«Dejó zanjado varios temas, como el cobro íntegro de las ayudas de la PAC, o el tema de las incorporaciones, pero queda pendiente cómo quedarán las ayudas agroalimentarias y la negociación con las entidades bancarias de moratorias para los créditos para modernización tanto de las comunidades de regantes como de los particulares, pero no sólo para el principal de la deuda, también para los intereses», destacó el secretario de Ugal-UPA, que también cree necesario llevar a cabo una reducción de los módulos por rentabilidad, en la declaración de la renta, y conseguir que la zona de regadío leonesa sea declarada catastrófica o excepcional para poder optar a ayudas y negociar compensaciones a título personal.

En el sector preocupa especialmente el maíz, ya que de las 65.000 hectáreas que se siembran en León se perderán entre 8.000 y 9.000, y se reducirán sus rendimientos entre un 20 y un 30%, y la remolacha, con una reducción de 1.500 hectáreas este año. «Este cultivo nos preocupa especialmente, ya que no sabemos si lo que se ha sembrado hasta ahora saldrá adelante, y eso genera cierta incertidumbre sobre si la factoría de La Bañeza abrirá sus puertas la próxima campaña o si la poca remolacha que salga del campo leonés se desviará a la planta de Toro», explicó Llorente, que fue muy crítico con la industria que mueve los hilos del sector en Castilla y León. «La multinacional British Sugar comete el error de tratar directamente con el agricultor dejando de lado a las organizaciones agrarias y tomando las decisiones por su cuenta», afirma. «Lo que no se puede permitir es que estos señores vengan a una provincia que lleva 150 años cultivando remolacha a decir a los agricultores que es rentable empezar a sembrar en junio», critica Llorente, que lamenta la actitud de la empresa, que «pretende que sea el agricultor el que corra con todos los riesgos».

Respecto al sector lácteo, que también atraviesa una de las peores crisis tras la supresión por del sistema de cuotas, Llorente afirmó que a diferencia del sector remolachero, «se ha incentivado una producción en los últimos años, para lo cual se han invertido grandes cantidades de dinero sin un control de los precios, que ha quedado en manos de la industria que de manera unilateral puede decidir si abandona a una serie de ganaderos a les que deja de recoger la leche porque no le interesa», explica Llorente. «Eso en Francia no pasa, que tiene una política de protección al ganadero, como parte del sector primario, por la cual tienen garantizado un precio rentable durante cuatro años y lo que les sobra nos lo venden a España. Aquí estamos abandonando un sector primario, lo que nos obligará a depender de otros países».

El secretario general de Ugal-UPA considera que «los agricultores y ganaderos somos productores de alimentos, lo que en otros países se protege y se respeta, mientras que aquí sólo nos consideran como unos ‘cazaprimas’». En este punto también se mostró muy crítico con su propio sector. «La PAC tiene que servir para hacernos más competitivos, no para comprarnos un piso en León».

Sobre la modernización de regadíos, avanzó que en los próximos cinco o seis años León dispondrá de cerca de 95.000 hectáreas modernizadas y se podrá «repescar» a las zonas que hasta ahora no han querido esta mejora. En este sentido lamentó que zonas leonesas históricamente ligadas a la cultura del agua, por su proximidad a los ríos, como el Órbigo, el Porma y el Esla, «se queden al margen de este proceso».

Ya como diputado provincial, criticó el «atentado» que ciertos partidos han cometido con las diputaciones provinciales, como es el caso del PSOE, que «siempre defendió a esta institución pero con tal de llegar al poder ha llegado a firmar su eliminación». Sobre este asunto, Matías Llorente se mostró muy crítico. «Los sistemas de contratación de personal, el arbitrario reparto de fondos, o casos como la Púnica han dejado la imagen de las diputaciones por los suelos, lo que las aboca a un futuro relativamente corto». En este sentido, reconoció los esfuerzos del actual equipo del PP para que los fondos lleguen a todos los pueblos y por llevar a cabo un reparto más justo de los mismos.

Llorente opina que las diputaciones «tienen que cambiar ciertas cosas, como su sistema electoral, si quieren perdurar en el tiempo». Como alcalde de un municipio como Cabreros del Río, admitió que si recibiera directamente los tributos que le corresponde del Estado y de la Junta de Castilla y León su ayuntamiento percibiría un 40% más de lo que recibe ahora. «Las competencias impropias de la Diputación nos cuestan doce millones de euros al año», por eso cree necesario un cambio, «sobre todo cuando gobiernen los nuevos partidos emergentes, que no tienen apego a la institución, y las eliminen», sentenció.