CSIF pide un reunión a Medio Ambiente para abordar la seguridad de los agentes
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El sindicato CSIF ha registrado una carta dirigida al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que, a raíz del suceso que el pasado 21 de enero acabó con la vida de dos Agents Rurals a manos de un cazador en Lleida, ponen de manifiesto unas «carencias que en Castilla y León, como en muchas otras, se han convertido en especialmente relevantes».
El sindicato apunta que en el último año está aumentando el número de agresiones que atentan contra la integridad física de los agentes en toda España. Concretamente, en Castilla y León las últimas se han producido en Salamanca, Ávila y Burgos con destrozos en vehículos particulares y oficiales, pintadas amenazantes, y agresiones directas.
CSIF denuncia que la Junta de Castilla y León recientemente retiró las armas cortas de las que disponían hasta ahora los agentes «sin haberse producido incidente alguno derivado de su uso» y explican que éstas eran similares a las usadas en seguridad privada, que son las que actualmente ampara la legislación.
Además critican las declaraciones vertidas por el director genetal de Medio Natural, José Ángel Arranz que, respondiendo a la pregunta sobre seguridad de los agentes medioambientales, tildaba de «demagogia» el hecho de sacar conclusiones del doble asesinato de Cataluña. Desde el sector la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) quieren trasladar «la más absoluta reprobación e indignación tras estas palabras», instándole a que valore su continuidad en las responsabilidades de la dirección natural del Medio Natural. «Se trata de declaraciones irrespetuosas con familias, compañeros fallecidos y con los mismos empleados públicos, teniendo muy claro que los hechos acaecidos podrían haberle sucedido a cualquier Agente de Castilla y León», denuncia.
Por otra parte, desde CSIF reclaman la necesidad de ciertos cambios normativos, entre ellos la aprobación de una Ley de Cuerpo adecuada a las circunstancias actuales y futuras, y, «de forma urgente», una implantación de protocolos de seguridad, formación y unos mínimos recursos defensivos que mejoren su seguridad jurídica y protejan su integridad física.