El obispo de Astorga no ve base legal para indemnizar a la víctima de abusos

A.G. Valencia / A. Domingo. Astorga

Proteger a los menores en todas las actividades de la Diócesis de Astorga y acabar con todos los posibles casos de pederastia que se hayan producido es el objetivo del obispo, Juan Antonio Menéndez, que anunció ayer la investigación de todas las denuncias que lleguen al Obispado, a raíz del caso que destapó el exalumno del Seminario Menor San José, de La Bañeza, F.L. y que supuso la condena del sacerdote José Manuel Ramos Gordón. «Cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud, respetando los derechos de todos los implicados y con voluntad de restituir cuanto antes la justicia lesionada por el presunto delito. En todo momento se informará también a las presuntas víctimas de su derecho a presentar denuncia ante las autoridades civiles», destacó.

Sobre el resarcimiento económico que solicitó recientemente la víctima del que fue profesor del seminario bañezano en el curso 1988/1989, Menéndez aseguró que carece de base legal para una indemnización, ya que ésta «no consta en el proceso». Es decir, que el interesado debió reclamar la compensación antes de que se dictara sentencia contra el cura. En relación a los posibles encubridores del delito que cometió el sacerdote —ya que F.L. manifestó en su carta al papa que tanto el rector de la institución como uno de los tutores, el actual vicario de Ponferrada, Javier Redondo—, el obispo explicó que fueron llamados a declarar durante el proceso «como recogen los autos», pero la Santa Sede «no vio indicio de delito».

«Que no se repitan nunca»

Menéndez mostró su «firme voluntad de resolver de una vez por todas este grave problema y de poner todos los medios para que nunca más se repitan». En esta línea, «se implementarán nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral diocesanos». En concreto, el obispo avanzó la obligatoriedad de presentar el certificado de antecedentes penales a catequistas, monitores de campamento y sacerdotes —al igual que se exige en cualquier trabajo con menores—.

En este sentido, también se aplicarán «medidas estrictas de disciplina y la Diócesis colaborará siempre con las autoridades civiles, aplicando además con severidad y rigor la propia normativa canónica para tratar con equidad y justicia estos delitos, considerados como uno de los más graves del Código de Derecho Canónico».

El obispo volvió a pedir perdón a las víctimas por el caso ya juzgado canónicamente del sacerdote José Manuel Ramos Gordón y reiteró que se trata de hechos «deplorables, moralmente inaceptables e intolerables», que «causan un gravísimo daño en el desarrollo humano y cristiano de las víctimas» y menoscaban la imagen de la Iglesia.

Ante el nuevo caso, presentado por el vecino de Borrenes Emiliano Álvarez Casado —también exalumno en La Bañeza, que acusa a otro presbítero de tocamientos—, Menéndez anunció que se abrirá una investigación y sus conclusiones se remitirán al Vaticano, para que decida si levanta la prescripción del delito canónico. De la misma manera se actuará con otras dos denuncias presentadas por antiguos alumnos del Colegio Diocesano Juan XXIII, de Puebla de Sanabria. El prelado subrayó la presunción de inocencia, aunque destacó que preservar este derecho no impedirá «proceder con severidad» cuando existan indicios que lo justifiquen. «Quiero acabar con todo esto. Es un dolor lo que se está haciendo en todo el mundo con la infancia y la juventud», dijo en su calidad de miembro de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.