IU considera que la Diputación debe ayudar a reclamar estas tasas
Izquierda Abierta anima al Ayuntamiento de León, al resto de municipios mayores de 20.000 habitantes, que incluyan en sus ordenanzas fiscales el cobro a las eléctricas y gasísticas por el uso de su dominio público local. Esto incluye facilitar a sus juntas vecinales la redacción de sus propias ordenanzas, para que cobren esta tasa en sus montes de utilidad pública y sus comunales.
La Diputación, a su vez, debe poner el SAM a disposición de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales que decidan aprobar sus ordenanzas. Ampliando el servicio del SAM, dando pasos para mejorar y ampliar el Sertvicio de Recaudación a fin de facilitar el cobro y facilitando la elaboración de informes técnicos por parte de ingenieros que definan por qué infraestructuras y cunato se puede cobrar. Esta última cuestión no es novedosa, la Diputación colabora con arquitectos para facilitar la elaboración de normas urbanísticas por parte de los ayuntamientos. «También recordamos a la Junta que tiene la obligación de poner en pie un sistema de apoyo y asesoramiento a las entidades locales, que ahora asumen las diputaciones, que nunca ha constuido. Si no hay voluntad política, al menos tener la decencia de aprobar partidas económicas que permitan a los municipios y juntas vecinales poner en pie estas nuevas ordenanzas», asegura IU.
Mejora de los ingresos
El partido de izquierdas considera que «necesidad de cobrar en base a las inversiones que estas empresas realizan en terrenos de todas y todos debe ser otro paso en la mejora de los ingresos de todas las entidades locales de la provincia» y estima que «cada junta vecinal debe dar pasos para conocer cuanto puede llegar a ingresar, y debe hacerlo con el asesoramiento e incluso el apoyo económico de la Diputación y su ayuntamiento». IU afirma que los municipios «no pueden renunciar a estudiar hasta que punto pueden mejorar sus ingresos con esta nueva tasa», ya que «sería una irresponsabilidad que todos los consistorios de la provincia renunciaran al menos a valorar que beneficios sacar de esta nueva oportunidad», aseguran en un comunicado de prensa.