El expresidente de La Camocha admite que compró carbón pero de forma legal
Manuel Martín declara ante el juez que estas operaciones no alteraron el fin de las subvenciones.
efe | gijón
El expresidente de la Mina La Camocha, Manuel Martín, reconoció ayer la compra de carbón por la empresa en operaciones que ha considerado «legales» porque «no alteraron la finalidad de las subvenciones» que era «la reducción de la actividad» del pozo. «La compra de carbón no es delito y en ningún caso se alteró la finalidad de las ayudas», declaró en el juicio en el que es uno de los cuatro acusados por supuesta defraudación en subvenciones. El expresidente de la explotación aseguró que a partir del año 1997 las ayudas a la minería no estaban vinculadas a la producción sino que eran de tipo generalista «destinadas a reducir la actividad». Según ha explicado la compra de carbón, nacional e importado según la Fiscalía, permitió reducir costes y que la empresa continuara en activo hasta su disolución en diciembre del 2007. El juicio celebró la segunda sesión en el Juzgado Penal número 2 de Gijón, tras haber emitido el magistrado titular un auto en el que rechazó las peticiones de las defensa de anularlo al considerar prescritos los hechos investigados que corresponden a los años 1998, 1999 y 2000. El juez Luis Ortiz Vigil estimó que con la primera indagatoria a los acusados ha quedado interrumpido el plazo legal de 5 años que fija la ley para la prescripción de estos delitos y ha rechazado incorporar documentación incautada en los registros que está deteriorada.AntecedentesEste juicio es el segundo que se celebra por este caso al haber sido declarado nulo el primero por «falta de imparcialidad» de la jueza que condenó a penas de 9 años de prisión a los cinco acusados, uno de ellos fallecido en la actualidad. Además del ex presidente del Consejo de Administración se sientan en el banquillo de los acusados el ex administrador único de Hullas de Coto Quirós, Ángel García Brugos, el exapoderado de esta compañía Guillermo Alfredo Honrubia y la ex contable de Mina La Camocha Margarita García. El Fiscal y la Abogacía del Estado piden condenas de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados de defraudar 17 millones de euros en ayudas al carbón durante tres ejercicios, el pago de indemnizaciones al Estado por la misma cantidad y multas de otros 17 millones de euros. En la jornada de ayer también ha testificado la excontable de la mina que se ha declarado «inocente», aunque admitió haber firmado facturas de pago por compra de carbón. Según ha afirmado, todas las facturas eran supervisadas y autorizadas por el entonces presidente del Consejo de Administración, el exconsejero Víctor Zapico, fallecido después de la primera sentencia.Margarita García ha asegurado que su función era «técnica», que no tenía ningún poder de decisión en la compañía y que se limitaba a dar curso al pago de las facturas. Ha afirmado, además, que Mina La Camocha atravesaba dificultades financieras que obligaron al exconsejero Víctor Zapico a «ir a Oviedo» en varias oportunidades para gestionar créditos con Cajastur para poder pagar las nóminas. La Fiscalía sostiene que a través de Hullas de Coto Quirós, La Camocha adquiría carbón de importación que vendía a las centrales térmicas como si fuera extraído en sus pozos.