DISPOSICIONES LEGALES
El PSOE exige que el decreto de la caza se consensue con los alcaldes
No entiende que no se hayan aceptado ninguna de las alegaciones de los municipios
Numerosos ayuntamientos de la montaña presentaron alegaciones al decreto de la Junta. JESÚS
JOSÉ Mª CAMPOS | RIAÑO
Celestino Rodríguez Rubio, procurador del grupo socialista de las Cortes de Castilla y León, ha pedido explicaciones por escrito a la Junta de Castilla y León sobre el nuevo decreto de la caza con el que no están de acuerdo los alcalde de la municipios afectados en la montaña oriental leonesa.
Desde numerosos ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia de León, especialmente los pertenecientes a las reservas de caza de Riaño y Mampodre, se ha denunciado públicamente el rechazo de las alegaciones presentadas ante el nuevo decreto de caza por parte de la Junta de Castilla y León. Esta actitud adoptada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dando la espalda y no escuchando las propuestas que llegan desde el propio territorio, «no parece que sea el mejor camino para aprobar un reglamento que debería cimentarse en el consenso y acuerdo entre todas las administraciones implicadas», manifestó Tino Rodríguez.
El procurador socialista quiere saber cuáles son los motivos en los que se ampara la Junta de Castilla y León para desestimar todas las alegaciones presentadas desde estas administraciones locales. «¿Cree la Junta de Castilla y León que lo más oportuno es aprobar un nuevo decreto de caza de espaldas a las propuestas y demandas del propio territorio afectado?». Además insta a la Junta de Castilla y León a que rectifique y atienda las alegaciones de los ayuntamientos y juntas vecinales afectadas por este decreto.
Estos ayuntamientos solicitaban, entre otras cosas,que en la junta consultiva se tenga en cuenta sus propuestas y no sea solo informativa. Que las entidades propietarias de los terrenos, dentro de los permisos tuvieran la opción de poder adjudicar legalmente permisos a los cazadores vecinos o locales. Que se determinase una cuantía fija de tantos por ciento de los distintos tipos de permisos entre los cazadores vecinos y los no vecinos. «Se trata de que los cazadores de estos municipios tuviesen algún beneficio ya que parte de sus terrenos están siendo utilizados para la explotación cinegética de la reserva regional de caza», según los alcaldes. Por eso, exigían que se tuviese más en cuenta el papel de la entidad propietaria a la hora de la gestión de la caza en las juntas consultivas ya que «actualmente a las entidades propietarias no se las hace caso ya que sus propuestas nunca se han tenido en cuenta».
Otro de los temas prioritarios y urgentes para los ayuntamientos, según el partido socialista, es que se vuelva a recuperar los fondos ZIS necesarios para la realización de inversiones en estos municipios. En las alegaciones recuerdan que la dirección técnica no rinde cuentas a nadie y debería someterse a un efectivo control de la junta consultiva, que no puede limitarse a informar. Además se señala poca claridad con el 15% del fondo de gestión de los montes de utilidad pública para destinarlo, sin su autorización, al fondo de las reservas regionales.