El fiscal pide 8 años y 30 M € a Alonso por Nueva Julia
Califica los daños medioambientales al entorno como «muy graves».
dl | león
El Ministerio Fiscal solicita penas de 8 años de prisión para el empresario minero Victorino Alonso y el jefe de explotación del pozo Nueva Julia, en Cabrillanes así como una multa de 30 millones de euros como presuntos autores de un delito continuado contra los recursos naturales.
El delito se habría cometido en dos explotaciones propiedad de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y con anterioridad de Coto Minero Cantábrico, La Mora y Nueva Julia, ambas explotaciones en el Alto Sil.
El informe de la Fiscalía apunta que se han producido daños «muy graves» contra el medio natural en esa zona de explotación y no se ha procedido a su restauración, pese a los requerimientos de la Junta o incluso a la multa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le puso a España por esas explotaciones.
Añade que esa zona es de especial protección al tratarse de una Reserva de la Biosfera con especies en peligro de extinción como el oso o el urogallo.
Los daños producidos son numerosos, según la Fiscalía y van desde la contaminación de las aguas hasta el daño en árboles y brezos a lo largo de las casi 20 hectáreas de las explotaciones.
A ello se suma la falta de licencias de apertura e incluso de declaraciones de impacto ambiental, por lo que Fiscalía ha dado cuenta para la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional.
Suma a las penas de cárcel y multa la imposibilidad de ambos acusados de estar al frente de empresas de extracción de minerales y el coste de la restauración.
Nueva Julia, que obtuvo en 2003 la licencia ambiental entonces requerida por el Ayuntamiento de Cabrillanes, fue paralizada primero cautelarmente y luego definitivamente en febrero de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León.
El juzgado aceptó la medida cautelar reclamada por los colectivos ecologistas Monta- ña de Babia y Luna y Filón Verde, que recurrieron la licencia ambiental y urbanística concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes a la entonces MSP para la explotación de la corta.
El juzgado exigía a la Junta la paralización de la explotación porque las autorizaciones concedidas en 2003 no respetaban las condiciones de la sentencia del Tribunal Europeo que exige una evaluación de la explotación que tenga en cuenta el conjunto de la afectación que produce en la zona.
El pasado marzo la Dirección General de Energía y Minas ha acordó iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria de los trabajos de restauración, ante el incumplimiento de CMC. El proceso aún se encuentra en periodo de tramitación.