La falta de consenso en las Cortes dilata la aprobación del nuevo mapa territorial

dl | león

El Grupo Popular solicitó ayer una nueva prórroga, la tercera, para la presentación de enmiendas al proyecto de ley que delimita las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST) del ámbito rural —mapas rurales—, con la intención de salvar la falta de consenso sobre esta norma.

Este fue uno de los asuntos abordados ayer en las reuniones de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces, previas al debate presupuestario de los próximos jueves y viernes y que, en la práctica, sirven para ampliar otros 20 días hábiles el plazo dado para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales a las UBOST rurales, lo que puede llevarlo a septiembre dada la inactividad parlamentaria prevista para julio y agosto.

El viceportavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, demanda «responsabilidad» al Grupo Socialista, al que atribuye estar «impidiendo poder avanzar» en esta tramitación de una norma que tiene como origen una Ley, la de la Ordenación del Territorio, que fue pactada entre ambos partidos, pero que ha encallado en su última fase de desarrollo, la referida a los servicios en los pequeños municipios.

Ibáñez apela a que los grupos parlamentarios del PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos firmaron en julio de 2015 un acuerdo global que preveía avanzar en el desarrollo de la normativa en materia de ordenación del territorio, ante lo que el representante popular ha sostenido que la Junta presentó un proyecto de ley «sólido y bien trabajado» y no unas «hojas volanderas», que puede modificarse dentro de unos «límites razonables».

«Parece que ahora mismo las condiciones de algún grupo parlamentario nos está impidiendo poder avanzar», resume en referencia al PSOE, que recientemente anunció que votará no al proyecto de ley que regula las UBOST rurales al acordarlo así su Consejo de Alcaldes.

En este sentido, el secretario general del Grupo Socialista, José Francisco Martín, critica que la Junta haya presentado el proyecto de ley «sin el consenso necesario», especialmente cuando esta norma requiere de una mayoría reforzada de tres quintos, lo que implica el necesario acuerdo entre el PP y el PSOE.

«Es de lógica democrática que los proyectos de ley se traigan lo más consensuados posible», insiste Martín, convencido de que «alguien se quería poner la medalla» con la aprobación de esta normativa y no ha medido la necesidad de contar con un acuerdo previo.

La representante de Podemos, Natalia del Barrio, considera que la tramitación de este proyecto de ley está resultando ser una «pérdida de tiempo» e insiste en que la Junta debería haber buscado un mayor consenso antes de presentarlo para su tramitación en el Parlamento autonómico.