Nueve alcaldes optan por el diálogo y no acudirán a la marcha prosanidad

A. Domingo | Redacción

Hasta nueve alcaldes de la zona de salud de Astorga declinaron ayer dar su apoyo a la manifestación que se celebra a las ocho y media de esta tarde en la cabecera de comarca para reclamar a la Consejería de Sanidad las especialidades médicas comprometidas para el centro de salud de Astorga, así como una atención «digna» de los consultorios rurales.

En una reunión celebrada ayer por la tarde en el consistorio astorgano, los alcaldes de la ciudad, Arsenio García Fuertes; Luyego, Amador Ares; Santiago Millas, Sindo Castro; Val de San Lorenzo, Eligio Geijo; Santa Colomba de Somoza, José Miguel Nieto; San Justo de la Vega, Juan Carlos Rodríguez, y Villaobispo de Otero, María Teresa García, optaron por mantener la negociación abierta con la consejería, declinando, «por el momento», asistir a protestas que pudieran perjudicar el diálogo.

También mostró su apoyo a esta iniciativa el alcalde de Brazuelo, Manuel Fernández, que no pudo asistir a la reunión. Por tanto, son 9 los municipios —en ocho de éstos gobierna el PP y en el noveno, la UPL gracias a un pacto con este partido— que se desmarcan de la convocatoria frente a un total de 14.

«Como representantes de las instituciones locales que somos y dado que hay una negociación abierta, estos ocho alcaldes no acudirán a la manifestación del miércoles hasta agotar el diálogo», señaló el alcalde de Astorga Arsenio García, al término del encuentro.

Los regidores recordaron que la Consejería de Sanidad se ha comprometido a visitar a la Plataforma de Sanidad de Astorga y sus Comarcas para abordar con la comisión representativa de alcaldes varias mejoras en ambas áreas, así como en el centro asistencial astorgano. García Fuertes quiso manifestar su respeto «total y absoluto» a la iniciativa de la plataforma pro sanidad y «a cuantas personas decidan asistir» a la manifestación.

Primer contacto

El pasado mes de mayo, una comisión de alcaldes se reunió con cargos de la consejería, en la que la Administración autonómica se comprometió a cubrir las bajas y vacaciones de médicos y personal de enfermería, de forma que se mantengan siempre los diez doctores que atienden el área. Existe también el compromiso de estudiar la situación de cada municipio —Maragatería y Cepeda— para un posible diseño de la reorganización del servicio.