«Las ayudas deben priorizar a los regadíos modernizados»
Majo junto a Eduardo Cabanillas ayer en la reunión del PP. MARCIANO
El secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Eduardo Cabanillas, presentó ayer un nuevo paquete de medidas de ahorro, liquidez y flexibilización de la política agraria de las que beneficiarán cerca de 40.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad. Todas ellas destinadas a paliar los efectos de la sequía, las heladas y otras adversidades climatológicas sufridas por ambos sectores este año. «En total se van a inyectar 1.900 millones de euros de liquidez para que los trabajadores del campo puedan afrontar la próxima campaña», señaló.
En el caso de las medidas orientadas al ahorro, Cabanillas destacó la reducción de los módulos del IRPF para la declaración de 2016 y también para la del 2017. Unas bajadas de impuestos que afectarán tanto a los cultivos, la ganadería y en León también al regadío y la remolacha. Asimismo se ha puesto en marcha un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social de los meses de julio a febrero de 2018 y se eliminan las tasas de movimiento de ganado en vacuno de leche, en ovino y caprino y, de cara al próximo año, desaparecen todas las tasas en el sector agrario y ganadero.
Mención aparte merecen los regadíos, donde «se hará una exención de la cuantía de la tarifa y de los cánones de riego dirigida a las comunidades de regantes donde ha habido una reducción del 50% de las dotaciones de agua de riego o en las que las producciones se hayan reducido como mínimo un 30%, que en el caso de la provincia leonesa son todas», recordó el secretario.
En lo referente a la liquidez, a los préstamos ya anunciados de 40.000 y 80.000 euros, se une otro de 60.000 euros. «Estas ayudas tendrán una subvención para que los avales no cuesten nada y los intereses se bonifiquen al 100%», remarcó Caballinas. Finalmente, el secretario general de Agricultura y Ganadería avanzó que la Comisión Europea ha anticipado el 70% de ayudas de la PAC —que se pagarán desde el 16 de octubre— y que va a afectar a los 70.000 beneficiarios que hay en Castilla y León.
En cuanto al problema surgido entre los regantes que han modernizado sus sistemas y los que mantienen los antiguos, Cabanillas sostuvo que las comunidades de regantes y la CHD «deben poner los recursos disponibles a la mayor parte de regantes sin perjudicar a nadie» y recalcó que deberían haberse priorizado las ayudas a quienes han llevado a cabo la modernización.