La Junta obliga a presentar un plan de seguridad para el pozo Calderón
Los administradores concursales de CMC tendrán que elaborar un proyecto de abandono.
Instalaciones del pozo Calderón, cerrado en 2010. NORBERTO
vanessa araujo | orallo
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León ha emitido una resolución en la que obliga a la administración concursal de Coto Minero Cantábrico (CMC) a que presente un proyecto de abandono de labores para las explotaciones mineras tanto de interior como de exterior, Calderón y Feixolín respectivamente, en la pedanía lacianiega de Orallo.
Esta resolución viene a responder a las quejas de la junta vecinal de Orallo, que interpuso en la administración autonómica una denuncia por el deterioro de las instalaciones y escombreras en el Monte de Utilidad Pública (MUP) cuya ocupación fue otorgada a CMC. En la denuncia, la pedanía constataba que el pozo Calderón está abandonado y no tiene las medidas de seguridad que se deberían tener en estos casos, además de las anomalías y pliegues que se presentan en la explotación a cielo abierto del Feixolín, y en la antigua carretera que lleva a las diferentes bocaminas de los distintos pisos. Tras conocer la situación, la Junta cursó una visita de sus técnicos para conocer ‘in situ’ el estado de ambas explotaciones.
Ahora, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo resuelve que la administración concursal de CMC debe proceder al cierre efectivo de todas las bocaminas del Grupo Calderón, de forma que se impida el acceso físico al interior de las galerías, la colocación de carteles de prohibición de paso y advertencia de peligro, tanto en los accesos a las plazas de las bocaminas, como en aquellos accesos o pistas que puedan suponer un riesgo, a juicio del director facultativo. Además, obliga a que se lleve a cabo el saneo de las zonas afectadas por los hundimientos y repises que afectan a las pistas y accesos a los diferentes niveles de la mina.
El plazo para la presentación del proyecto de abandono definitivo de labores será de un mes, en el que se deberán exponer las diferentes medidas de seguridad, así como la descripción y relación de los medios humanos y material para realizar dichos trabajos.
Desde la Junta advierten de que el incumplimiento de las prescripciones citadas anteriormente, que además son de obligado cumplimiento, conllevarán a la incoación del oportuno expediente sancionador y que dichos incumplimientos también pueden ser motivo de caducidad del derecho minero. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la misma.
Por su parte, el pedáneo de Orallo, Ángel Nava se mostró satisfecho con la resolución para que «no se tengan que lamentar desgracias y poder estar tranquilos». En este sentido, afirmó «si la minería terminó, lo que hay que hacer es tomar medidas para que se mantengan en las mejores condiciones posibles». El pedáneo dio a conocer esta resolución ayer en el concejo que celebró el pueblo. Para terminar, Nava recuerda que estas no son las únicas zonas afectadas, ya que hay otra área en Orallo que era de pasto y había abundancia de agua, pero que debido a las explotaciones mineras «se secaron», matizó.