La Junta reclama que las térmicas que cierren asuman la reactivación de las comarcas
Las alegaciones al mecanismo de cierre exigen endurecer el proceso e inciden en la seguridad de suministro eléctrico.
maría j. muñiz | león
La Junta de Castilla y León advierte al Ministerio de Industria de que el cierre de las centrales térmicas tiene graves consecuencias para las comarcas donde se asientan, y propone un endurecimiento de las condiciones para que las compañías eléctricas puedan clausurar estas instalaciones. Reclama entre estas medidas a mayores que sean las propias eléctricas las que asuman «actuaciones que minimicen el impacto socioeconómico de la zona, generando alternativas a la actividad que se va a abandonar, y las consecuencias en el resto del tejido productivo de la zona».
El documento en el que el Gobierno autonómico presenta sus aportaciones al proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica, que prepara el departamento que dirige Álvaro Nadal, reconoce también que la actual regulación fiscal penaliza la actividad empresarial de las térmicas. Insta al Gobierno central a poner en marcha los mecanismos europeos disponibles para garantizar la seguridad del suministro energético con recursos autóctonos (como hacen ya otros países dentro de la UE); y propone revisar tanto el número de térmicas indispensables para garantizar esa seguridad como la aportación del carbón nacional a esta generación.
«Conjugar todos estos aspectos se torna muy complicado, pero necesario, si se tiene en cuenta que las decisiones que se tomen pueden afectar directamente al precio de la energía eléctrica y por consiguiente a la economía de todos los españoles, y a la competitividad de nuestra economía», concluye el escrito de alegaciones.
mecanismo
La consulta pública realizada por el ministerio entre los afectados por el cierre de las térmicas pretende establecer un mecanismo en el que se contemple ante la desaparición de estos puntos de generación eléctrica una garantía del suministro demandado, así como cumplir con los objetivos de cambio climático. Y alude también a que las medidas minimicen el impacto sobre el precio de la energía y la competitividad económica del país.
Requisitos que, según la Junta de Castilla y León, no podrán cumplirse si no se cuenta con las térmicas de carbón tradicionales, y estas no queman mineral autóctono. Más allá de estas consideraciones, la Comunidad insiste al ministerio en el hecho de que las centrales térmicas «llevan aparejada una actividad económica en los lugares en los que se encuentra ubicada, asociada no sólo a la operación y el mantenimiento de las instalaciones, sino también a las labores de explotación, mantenimiento o suministro de combustibles para las mismas». El impacto económico del cierre de estas centrales implica inexorablemente «pérdida de actividad económica y falta de alternativas, que provocarían tensiones sociales y despoblación».
Por eso, la Junta reclama que al margen del resto de las exigencias administrativas para cerrar las térmicas se contemple el impacto socioeconómico que implica. «Cuando se acceda al cierre, se deberían plantear actuaciones que minimicen el impacto socioeconómico en la zona, generando alternativas a la actividad que se va a abandonar, y las consecuencias en el resto del tejido productivo de la zona».
críticas a la fiscalidad
El escrito de alegaciones remitido al Ministerio de Energía no ahorra tampoco críticas a la política fiscal seguida por el Gobierno en materia de generación eléctrica. Recuerda que esta actividad se desarrolla en un régimen liberalizado y en libre competencia, «por tanto sujeta a condicionantes empresariales, que difícilmente hacen justificable el mantenimiento de una instalación que no sea rentable».
Por eso la Junta anima al Gobierno central a «revisar la política fiscal» de la generación eléctrica, ya que considera que la normativa aprobada en 2012 (medidas fiscales para la sostenibilidad energética) impone una «nueva carga impositiva que lastra la rentabilidad de las instalaciones de generación». Con consecuencias importantes: «Los impuestos acaban trasladándose al precio de la electricidad, lastran con ello la competitividad de la economía y hacen nuestra generación menos competitiva ante la electricidad que llega por las distintas interconexiones eléctricas internacionales».