Revisión de centrales «indispensables»
La Junta reclama no sólo que se mantengan las térmicas, sino que quemen carbón local. ANA F. BARREDO
Las alegaciones que Castilla y León presenta a la normativa con la que el Gobierno pretende endurecer los requisitos para que las compañías eléctricas puedan cerrar sus centrales térmicas contemplan también una revisión de aquellas instalaciones que se consideran «indispensables» para asegurar el suministro de energía eléctrica utilizando recursos autóctonos cuando se produzcan situaciones de desabastecimiento de otras fuentes de energía primaria. Como ocurrió a principios de este año, sin ir más lejos.
Por eso, la propuesta de la Comunidad aboga por «mantener operativas las instalaciones que sean capaces de aportar electricidad al sistema a menor precio que las tecnologías que serían susceptibles de sustituir su cuota en el mix de generación». Aunque advierte de que «sería conveniente estudiar y catalogar cuáles son las instalaciones existentes que «deberían considerarse como indispensables para asegurar el suministro, y cuál sería el impacto económico de mantenerlas en funcionamiento». En todo caso, insiste el Ejecutivo autonómico, no puede prescindirse de un estudio «sobre el impacto negativo en la economía de la zona que tendría un supuesto cierre de la instalación».
minimizar el impacto
En esos casos habría que evaluar las medidas correctoras para minimizar este impacto, y ahí la Junta reclama tanto su participación como la de las administraciones locales «con el fin de valorar adecuadamente las consecuencias de dicho cierre».
En su escrito al Gobierno, más allá de la exigencia de garantías para las comarcas afectadas por las decisiones de cierre de las empresas eléctricas, la Junta pone de relieve que exigir más condiciones para el cierre y conseguir con ello que las centrales sigan funcionando no implica que las minas locales tengan cabida en esta actividad. «Que una instalación esté disponible para generar no implica que vaya a funcionar el número de horas suficiente como para garantizar la supervivencia económica de las empresas mineras que suministran carbón nacional», señala el escrito de alegaciones autonómico.
Por eso la Junta insiste en que se establezca «un procedimiento de despacho preferente» de carbón nacional, en realidad el ansiado mecanismo que sustituya al de restricciones por garantía de suministro que concluyó en 2014. Es decir, la vieja reivindicación del carbón de que las térmicas tengan la obligación de quemar carbón nacional, acogiéndose así a la directiva europea de 2009 que establece que la seguridad del suministro para los países permite fijar como preferente la entrada de fuentes de combustión de energía autóctona hasta el 15% de la cantidad total de energía eléctrica que consuma el país.
Una medida que ampara las exigencias largamente demandadas por el carbón nacional, pero que ha sido imposible cumplir en los últimos años ante el desbajaruste de la normativa energética nacional.