Las juntas vecinales recibirán hasta 100.000 € por las tasas eléctricas

P. RIOJA | REDACCIÓN

Un total de 71 juntas vecinales de la provincia se han puesto en marcha ya para cobrar tasas a las empresas eléctricas y de gas que cruzan sus territorios, un nuevo impuesto avalado por el Tribunal Supremo que ya desde este año comenzará a dejar en sus arcas entre 2.000 y 100.000 euros anuales, según datos de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. De todas ellas, seis ya tienen toda la documentación en regla para empezar con la aprobación de ordenanzas.

Como recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las empresas afectadas tienen la obligación de pagar a los municipios, algo a lo que se han negado durante años hasta que el Alto Tribunal falló a favor de las juntas a principios de 2017. «Las eléctricas han ido impugnando las sentencias y todo indica que lo seguirán haciendo para meter miedo a la gente», señalan fuentes de la federación. Y es que son muchos los ciudadanos que temen las posibles consecuencias que puede traer esta nueva fuente de ingresos en las facturas de la luz y el gas. «Es posible que algunas suban los precios», admiten desde la federación, quien sin embargo advierte a las juntas que a partir de ahora es «fundamental» que cumplan su función —con la ley en la mano— y apliquen el cobro de esas tasas. Ya el pasado mes de febrero, el presidente de la federación, Andrés Buelta, confesaba a varios pedáneos en una reunión informativa de que el proceso «no será sencillo» y que se encontrarán «piedras en el camino», entre ellas la de que las propias eléctricas —ante el fallo del Supremo— ya manifestaron que tratarían de cambiar la ley. La cuantía que recibirán las juntas vecinales leonesas «variará en función de muchos factores» pero sin duda supondrá unos «importantes ingresos» que en muchos casos servirán para financiar los gastos de la propia ocupación, otras necesidades y sobre todo fomentará una modernización de estas entidades «nunca vista hasta la fecha». Pero al mismo tiempo, la tasa les obliga a actualizar todos los bienes que tienen. «Ya nos hemos encontrado con problemas catastrales en algunos pueblos», remarcan desde la federación.

Para evitar los posibles conflictos entre las empresas y los municipios, desde la federación instan al Gobierno a que auspicie un pacto con las grandes eléctricas. «Si hubiese buena voluntad por parte de las entidades, nosotros buscaríamos llegar a acuerdos y convenios», finalizan.