De uno a veinte años de cárcel más la extinción

Los delitos contra el medio ambiente están duramente castigados por el Código Penal, cuyos artículos 351 y 352 establecen penas que oscilan entre uno y veinte años de prisión, dependiendo si se ponen en riesgo vidas humanas, o si el incendio afecta a zonas con alguna protección medio ambiental determinada. Además, este tipo de delitos conllevan además importantes sanciones administrativas y los gastos de extinción de los incendios, que en un siniestro medio pueden oscilar desde los 50.000 a los 200.000 euros.

Según el jefe del Seprona, al margen de las negligencias, «el perfil del pirómano en la provincia obedece a personas que tienen intereses cinegéticos o ganaderos en la zona».

En este sentido, al margen de las pruebas que los agentes puedan recabar en los incendios, la colaboración ciudadana juega un papel muy importante en el esclarecimiento de los fuegos. «La ausencia de testigos es un problema, pero los testimonios falsos, como los que manifiestan muchos vecinos que incluso confabulan coartadas falsas para proteger al pirómano, es algo más grave, ya que se puede convertir en cómplice. Aquí estamos hablando de un delito con consecuencias penales muy serias», explica el capitán Roberto Fernández. Por eso insiste en que la colaboración ciudadana, en la que está garantizado el anonimato, es una herramienta fundamental para estrechar el cerco de los que prenden el monte.