La UPL achaca el problema a que no se derribaron los inmuebles

El secretario general de la UPL y procurador en Cortes, Luis Mariano Santos, mostró ayer su apoyo a los afectados por el desalojo en Burón y Vegacerneja, al entender que los ciudadanos no deben pagar una dejadez de 30 años de la Confederación Hidrográfica de Duero (CHD).

«Durante tres décadas la confederación ha permitido vivir en esas casas a la gente», que, además, «nunca se han visto afectadas por la crecida del embalse» Lo que es comprensible es esta postura tan drásticas de la confederación sin antes buscar una solución con los afectados. Considero que es el momento de buscar una solución la menos dramática posible», aseveró.

Para el máximo responsable de la UPL, la Administración del Estado no puede permitir este avasallamiento a quienes «se han gastado miles de euros para arreglar unas casas que hace 30 años se tenían que haber derribado. Al no ejecutarse el derribo han sido los propios vecinos quienes han mantenido en pie esas casas cuando la responsabilidad del mantenimiento tenía que haber sido de la Confederación Hidrográfica del Duero que, dicho sea de paso, se ha ahorrado muchos miles de euros en el mantenimiento de esas viviendas». Además recordó que la dejadez del organismo llega «a tal límite que pretende derribar ahora unas casa que están en buen estado mientras existen otras casas y cuadras en Burón y Vegacerneja que son un peligro por su estado de derrumbe y hasta ahora no ha dicho nada», señaló