Sellar las escombreras ilegales y crear una red de vertederos costará 11,9 millones de euros

La clausura de 321 escombreras ilegales que existen en la provincia, la recuperacióm ambiental de los terrenos que ocupan y facilitar a los ciudadanos puntos en los que depositar los residuos procedentes de obras menores es el objetivo del convfenio que firmaron ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diptación, Juan Martínez Majo. El gasto total en estas actuaciones se eleva a 11,9 millones de euros, con un mayor coste para la institución provincial, que aportará 10 millones en varios ejercicios, mientras que la Administración autonómica correrá con el coste del sellado de las escombreras y su recuperación, estimado en 1,9 millones.

El presidente provincial explicó que el presupuesto de este año contempla una partida de 3,92 millones de euros para las instalaciones de vertido desde las que derivar a un gestor de residuos de obra los materiales acumulados. La Diputación estima el coste de cada punto de depósito en 10.000 euros, en cuya financiación colaborarán los Ayuntamientos, aportando un 10%, sin menoscabo de que ésdtos puedan mejorar las instalaciones, destinado a éstas parte del Plan de Cooperación Local para 2018.

Más de 250 puntos

Cada municipio podrá disponer de los puntos de entrega que desee y se estima que podrían existir entre 250 y 350 —el plazo de solicitud se abrió hace una semana y expira el 2 de febrero—. Majo explicó que serán los ayuntamientos quienes contraten al gestor de estos reiduos. «La Diputación puede colaborar en la contratación desde un punto de vista técnico con los municipios que lo soliciten, pero renuncia a crear un consorcio u otras fórmulas» para la gestión de estos residuos.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó las inversiones que su departamento ha realizado en gestión de residuos y sellado de vertederos, que han hecho de la Comunidad un territorio «avanzado» en este apartado. Indicó que la legislación europea, nacional y autonómica «nos obliga a ir más lejos» y subrayó la disposición del Ejecutivo autonómico por «ayudar» a solventar el problema en vez de exigir el cumplimiento de la norma a los ayuntamientos, que en muchas ocasiones, no disponen de personal para el control de posibles vertidos incontrolados.

Con los 1,9 millones que aporta la Junta al convenio, se espera clausurar y recuperar los 321 depósitos irregulares de escombros que existen en León —en la Comunidad alcanzan los 2.663—. La consejería promoverá una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre la adecuada gestión de residuos generados en obras menores. El convenio con la Diputación d León se suma a los ya firmados con Ávila, Palencia, Valladolid y Soria.