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Los expertos piden planes estratégicos para que las cuencas superen el final del carbón
El informe entregado a Nadal estima que la transición en los territorios mineros se debe abordar con fondos europeos .
Álvaro Nadal y Jorge Sanz, durante la entrega del documento final del comité de expertos.
La Comisión de Expertos que el Gobierno ha asignado para analizar las posibles alternativas de política energética cree que el carbón deberá estar fuera de la generación eléctrica antes de 2030 y que a ello contribuiría decisivamente la aplicación de un impuesto al CO2 sobre el consumidor final de carbón. Serían entonces el gas y la nuclear los dos recursos energéticos que respaldarían un sistema eléctrico sostenido básicamente con renovables.
El informe que el presidente del comité, Jorge Sanz, entregó ayer al ministro de Energía, Álvaro Nadal, incide en un capítulo sobre las propuestas para una «transición energética justa». En dicho documento se especifica que la transición energética a un modelo bajo en carbono «debería incluir un diagnóstico de los efectos económicos y en el empleo de los sectores afectados», así como las «medidas con financiación» para que el cambio de sistema energético sea justo para trabajadores y empresas.
En concreto, el comité de expertos asegura que las medidas para abordar el impacto laboral y territorial se deben desarrollar partiendo «del diagnóstico y la elaboración de planes estratégicos desde los diferentes ámbitos de actuación de las administraciones públicas», planes que deben ir dirigidos a las «instalaciones potencialmente afectadas y por zonas territoriales». Dichos planes deberán evaluar los «potenciales efectos y riesgos socioeconómicos de la reestructuración de las actividades productivas de cada zona territorial afectada».
El informe asegura que cada plan estratégico debe analizar los recursos e instrumentos «para paliar los efectos negativos en el empleo y optimizar y maximizar las oportunidades de creación de empleo». Para ello, los expertos consideran que se deben articular «estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y sectoriales, así como la reactivación económica de las zonas afectadas con intervención e inversiones públicas y privadas».
También se refiere el documento a la adecuación de la «formación y capacitación de los colectivos laborales», que serán dedicados a los «nuevos sectores emergentes» que se instalen en las cuencas. Otro de los aspectos que reclaman en una protección social específica para dichos territorios.
Además, a su juicio, cada plan estratégico debe establecer un ámbito de actuación que «coordinara y diera coherencia a la intervención de las distintas administraciones públicas y que podría negociarse dentro del marco del Diálogo Social». En estos planes, se deben incluir también «un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un cierre o reconversión», y que podría añadir «medidas concretas de formación y recolocación de los trabajadores afectados». En este sentido, reclaman que las empresas presenten «planes de recolocación y empleo» para los trabajadores.
Todos estas propuestas se deben financiar, según el informe, a través de los fondos «específicos existentes, europeos y nacionales» y también con «los que se están debatiendo crear en la Unión Europea en relacion con la transición energética». En estos planes se deben primar los proyectos en función del «empleo creado, las condiciones de dicho empleo y su permanencia.
Finalmente, el capítulo del informe aborda cómo debería ser la gestión de esta «transición justa». En este sentido, especifica que la elaboración y aplicación de cada plan estratégico territorial, así como la ejecución y gestión de las medidas derivadas del mismo «debe configurarse con el acuerdo de las diferentes administraciones públicas» en función de sus competencias y también se debe contar para ello con los interlocutores sociales.