UPL califica de "ataque frontal" a León el decreto sobre los secretarios de las juntas vecinales

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha calificado de "ataque frontal" a León el decreto 128/2018 que regula a los funcionarios locales de habilitación nacional en las juntas vecinales, ya que elimina la figura del vecino secretario para obligar que tengan un secretario de ayuntamiento habilitado.

Así lo han explicado el procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, el diputado provincial por UPL, Matías Llorente, y el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino. Un ataque, manifestó Santos, "casi definitivo a la viabilidad de las juntas vecinales y todo lo que representan en la provincia de León, ante la imposibilidad de la mayoría de los secretarios para ejercer las labores que les obliga esta ley".

Además, Santos ha añadido que "secretarios como los de Valderrueda o el de Riello que tienen 33 o 22 juntas vecinales tendrán que ir a todas las reuniones y llevar todos los asuntos de esas juntas vecinales". De esta forma, tendrán que compaginar su trabajo como secretario del ayuntamiento, por lo que desde UPL creen que "no existen medios materiales para poder llevar a cabo ese trabajo".

Asimismo, el procurador en las Cortes ha destacado que en los últimos días se ha hablado de que los secretarios municipales van a presentar un recurso contra esta ley en el que plantean la imposibilidad de los recursos humanos que van a tener y desde UPL preguntan a las administraciones "qué van a hacer las juntas vecinales hasta que se decida qué va a pasar con esta ley hasta que se consiga tumbar". Santos también ha pedido a la Junta que "no se lave las manos" y que busque que esa ley "decaiga" y si no que busque los medios necesarios para que las juntas vecinales puedan "pervivir" con esa regulación.

Por su parte, Matías Llorente, ha pedido la búsqueda de una solución a una ley que "aparta a los vecinos de la función que tenían". Además, ha señalado que desde el día que se publicó la orden hay dos problemas, el primero de ellos que antes del 30 del mes actual todas las juntas vecinales que tienen terrenos comunales o pastos tienen que certificar para que los ganaderos puedan presentar esa superficie que le arriendan para solicitar la PAC, y al quedar poco tiempo, "si no se ha hecho ese certificado antes de la publicación de la ley habrá un problema muy grave pues muchos ganaderos perderían esas ayudas".

Llorente ha explicado que el segundo problema es que la Diputación ya tiene un informe donde no se admite certificación alguna sobre las obras que tienen las juntas vecinales y por tanto "ni el secretario ni el tesorero podrán certificar la finalización de obras del 2017 y del 2018 y se perderían todas esas obras".

De este modo, UPL plantea a la Institución que tiene que buscar una solución a las juntas vecinales mediante una reunión con el colegio de secretarios porque consideran que es la única que tiene una competencia clara en este asunto y que tendrá que habilitar a funcionarios para certificar esas obras para buscar una solución ante estos dos problemas. Si el decreto sigue adelante UPL cree ver la "posibilidad" de dar servicio a las juntas vecinales antes de que desaparezcan, por tanto piden al presidente de Diputación que convoque esa reunión y que la Junta asuma su responsabilidad porque la mayoría de juntas vecinales, un total de 1.233, están en León.