Majo reclama «una solución económica» al conflicto

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, reclamó ayer una «solución económica» que permita la puesta en marcha del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que afecta al funcionamiento administrativo de las juntas vecinales. Tras la entrada en vigor de la norma, «muchos secretarios municipales no podrán ejercer sus funciones», recordó el presidente provincial, que se comprometió a «estudiar y dar vueltas al asunto para buscar fórmulas y líneas de trabajo» que permitan aplicar el decreto, informó Ical. Con estas fórmulas, la institución provincial pretende evitar «que el necesario control administrativo no ponga en riesgo a las Juntas Vecinales», explicó Majo.

El presidente provincial lamentó la «premura» impuesta para una normativa especialmente difícil de aplicar en una provincia como León, con más de 1.200 entidades menores, cerca de la mitad de las que existen en España. «Vamos a intentar colaborar», prometió Majo, que aseguró que una de las primeras actuaciones irá encaminada a evitar que los terrenos comunales tengan problemas a la hora de acceder a las ayudas de la PAC.

Majo recordó que los portavoces de los diferentes grupos políticos de la institución provincial se reúnen hoy con los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y con el Colegio de Secretarios para buscar las posibles soluciones en las que pueda asumir la institución.