Fomento y Economía pierden el cobro de 4 Miner por no formalizar la demanda en plazo

maría j. muñiz | león

Tres convenios gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y uno por la de Economía y Hacienda, que habían sido llevados por la Junta ante la Audiencia Nacional después de que el Instituto del Carbón denegase su derecho al cobro, están caducados y archivados ya que los letrados del Gobierno autonómico no formalizaron la demanda presentada en el plazo establecido. Se trata de las obras realizadas con cargo a los planes del carbón correspondientes a los períodos 1998-2005 y 2006-2012. Son obras financiadas con fondos estatales; pero cuyo coste adelantó en su día la Junta para agilizar las actuaciones en las cuencas. En total los convenios adelantados por el Gobierno autonómico sumaban casi 55 millones de euros, de los cuales ha recuperado una parte en la negociación de los últimos meses.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a la que corresponden tres de las cuatro demandas archivadas, no ha respondido a las preguntas sobre por qué sus letrados no entregaron la documentación que les reclamaba la Audiencia Nacional para seguir adelante con el proceso.

En todo caso, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decidió hace casi dos años, en las negociaciones con la Comunidad para aclarar las cuentas pendientes, que parte de esos convenios cuyo coste había adelantado la Junta no debían ser abonados por el Estado. Ante esta decisión, el Gobierno autonómico anunció (y llevó a cabo) la reclamación directamente ante la Audiencia Nacional de las cantidades adelantadas.

La reclamación judicial se ha llevado a cabo de forma individualizada por las consejerías afectadas (Fomento y Medio Ambiente, Cultura y Turismo, Economía y Hacienda, Sanidad y Familia). Aunque desde que se inició el procedimiento judicial contra el Gobierno la información sobre las reclamaciones se ha gestionado de manera individualizada por parte de cada consejería, y no están claros los datos de cuántos convenios ha denegado el pago el Instituto del Carbón; cuántos se han recurrido ante la Audiencia Nacional y cuál es la situación actual de la deuda o la litigiosidad.

De momento lo único cierto es que la Audiencia ha dictado sentencia en al menos cuatro casos de los presentados por la Junta, tres de ellos correspondientes a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones; y uno más de la Consejería de Economía y Hacienda, con Pilar del Olmo al frente, que en los últimos meses ha firmado los acuerdos con el ya extinto Ministerio de Energía y el de Economía para resolver la histórica deuda del Gobierno con la Junta en materia minera (con la intermediación de Juan Vicente Herrera y el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos).

El caso es que la Audiencia Nacional ha publicado hasta ahora al menos cuatro sentencias (entre el 27 de abril y el 14 de mayo) que resuelven las demandas presentadas por los letrados de la Junta presentando recurso contencioso administrativo contra la resolución del 24 de noviembre de 2017 del presidente del Instituto del Carbón, que declaraba la pérdida del derecho a cobro de la ayuda concedida para la ejecución de varios de los proyectos contemplados en los planes del carbón.

La Audiencia Nacional comunica previa la admisión a trámite un plazo de 20 días para la formalización de la demanda, lo que se notificó a los letrados de la Junta. Que, sin embargo, ni presentaron recursos ni alegaciones, lo que implica la caducidad del recurso contencioso-administrativo y el archivo de las actuaciones. Cabía recurrir esta decisión, pero desde la Junta no han informado de que así se haya hecho. Con lo que serán las arcas del Gobierno autonómico las que finalmente se hagan cargo de estos proyectos, que se incluyeron en los planes nacionales de reconversión de las comarcas mineras, que se han realizado y que al Gobierno de la nación se han salido gratis.