Barcones critica que no se convocara al Gobierno al comité de las cuencas

DL | Redacción

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, lamentó ayer que la Administración del Estado «no fuera convocada» a la reunión sobre el Plan de Dinamización de la Minería de la Comunidad. Barcones, que se reunió con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el martes, recordó que el Gobierno tiene que cumplir sus compromisos con la Unión Europea en materia de clima y energía, pero «el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se remitirá al Congreso antes de que termine el año recogerá un Plan de Transición Justa, con el que acompañar solidariamente a los territorios y a los trabajadores de sectores particularmente afectados por esta obligada transición».

Barcones insistió en que el Gobierno «no va a dejar abandonados a su suerte ni a las comarcas ni a las personas que resulten afectados por la necesidad de girar hacia una economía baja en carbono». Por este motivo, se mostró sorprendida ante la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León de no convocar al Gobierno de España a la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, pues entiende que podrían «haber explicado en este foro los parámetros en los que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica».

La delegada del Ejecutivo respeta el marco europeo generado «gracias al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero», en el que se habilitó el apoyo a la transición hasta 2018. «Lamentamos que los gobiernos del PP hayan perdido siete años dificultando la transición y las salidas de futuro para las comarcas afectadas y para sus habitantes», ha apostillado.

«La prioridad absoluta del Ministerio para la Transición Ecológica», ha añadido Barcones, «es acelerar alternativas sobre la base del apoyo, la solidaridad y el protagonismo local en la definición de estrategias y para ello está trabajando intensamente con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con los sindicatos y con el resto de agentes implicados para presentar ya en septiembre una estrategia de transición justa».

En otro orden de cosas, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, solicitó al presidente Pedro Sánchez que lleve a Bruselas la flexibilización de las ayudas para la minería del carbón y una prórroga para sus explotaciones. Fernández recordó que si España va a cumplir en 2020 todos los requisitos fijados por la UE en materia de cambio climático, también será posible hacerlo en 2030 sin una reducción drástica del carbón.

El presidente asturiano explicó los efectos que esa reducción tendría en ámbitos como el del empleo y los precios, ya que está convencido de que el cierre «apresurado» de instalaciones del carbón haría que aumentara el coste de la energía y afectaría directamente a la competitividad de las empresas. Advirtió además de las consecuencias que tendría para el transporte y el tráfico del puerto gijonés de el Musel, que se reducirá en un 25%.