La Junta propone mantener las cuatro minas en activo de León como reserva estratégica

maría carnero | león

El Centro del Fuego de León fue ayer escenario del último intento desesperado del Comité de Seguimiento de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León de impedir que el proceso de transición energética iniciado por Gobierno de Pedro Sánchez se lleve por delante definitivamente al sector del carbón.

Por eso, los representantes del sector minero con presencia en el comité han sacado adelante un documento, del que se han descolgado Cs, IU y Podemos, en el que recogen una serie de propuestas para que el Gobierno central reconsidere su intención de descarbonizar por completo la economía. «Ante el temor que tenemos de que la minería llegue a su fin el próximo 31 de diciembre, pedimos al Gobierno que trabaje para que las minas sobrevivan a partir de esta fecha, que flexibilice la devolución de las ayudas que estas empresas sobraron de la UE y que ponga requisitos para evitar el cierre de las térmicas», declaró tras la reunión la consejera de Economía, Pilar del Olmo, que recordó que «la desaparición de estas centrales supondría un drama para Castilla y León, porque dejaría un hueco en el empleo muy difícil de cubrir con otras actividades».

La consejera criticó las medidas propuestas por el ministerio de Teresa Ribera para la transición energética del Gobierno, ya que «si consisten en cerrar térmicas y que se dispare el precio de la luz y en poner impuestos al diesel, que me expliquen para quién es justa esa transición, porque para los ciudadanos no lo es». El documento, que sí contó con el respaldo de Cecale, CC OO, UGT, Diputación de León y de Palencia, Acom, PP, PSOE, UPL, Consejo Comarcal de El Bierzo, Comisionada del Plan, Carbunión y Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, desgrana una serie de propuestas como la de mantener las cuatro minas de carbón operativas en Castilla y León —todas ellas en territorio leonés—, como reserva estratégica en la producción de carbón autóctono. El texto señala además que todas ellas —Salguiero, La Escondida, Gran Corta de Fabero y Corta Pastora— «son explotaciones competitivas, que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera, a las que suministran los tonelajes de carbón acordados a precios inferiores al precio internacional del carbón».

Respecto a los ocho grupos térmicos que permanecen activos en Castilla y León, el documento considera que «son necesarias para que exista demanda hasta 2030», por lo que debe modificar los criterios de autorización del cierre de estas instalaciones para que no se basen sólo en el beneficio económico de sus propietarios. Además asegura que la mayoría de estas centrales ya han ejecutado distintas inversiones para reducir las emisiones y exige al Gobierno que inste a las eléctricas propietarias de estas instalaciones a que acometan las que tienen pendientes para cumplir con la normativa europea.

Por último, el documento recuerda al Ejecutivo central que en la última reunión, celebrada el pasado 12 de julio, de la Plataforma Europea de Regiones Carboneras en Transición, la Comisión Europea estableció que el Gobierno debe tener en cuenta la opinión de los territorios afectados, en el caso de España a las comunidades autónomas, garantizar una transición justa, aclarando si va a mantener una cierta producción de carbón, estudiar el impacto social que el cierre de las minas y de las centrales suponga en el empleo y establecer políticas de creación de empleo alternativo. Además afirma que la transición no puede hacerse liquidando primero el tejido productivo existente, sino que debe ser paulatina y ajustada a la implementación de las medidas que vayan creando nueva actividad económica y empleo, que supongan una verdadera dinamización en todos los municipios mineros.

Por su parte, el portavoz de Economía y Hacienda del Partido Popular en las Cortes, Salvador Cruz, explicó que el documento «de consenso mayoritario» supone un «S.O.S.» para el Gobierno de España, porque «se habían dado pasos muy positivos para mantener la actividad del carbón dentro del mix energético nacional con la quema de carbón autóctono en las térmicas, con el apoyo de Bruselas para continuar con las ayudas por capacidad hasta el 2030», desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez «se ha producido un cambio de criterio y se establece una lucha en contra del carbón supone un palo tremendo para León, para Palencia y para Castilla y León».

El representante en el comité del PSOE, y alcalde de La Robla, Santiago Dorado, aseguró que su partido ha apoyado el documento, pese a no estar de acuerdo con el al cien por cien, ya que «siempre va a estar respaldando a las comarcas mineras, y puesto que el documento solicita al Gobierno que garantice la continuidad de las empresas mineras que puedan hacerlo, nos sumamos a la petición de solicita a Bruselas una solución alternativa que permita a las mineras puedan continuar más allá del 1 de enero y puedan devolver esas ayudas de forma cómoda y garantizar el empleo en las cuencas». También pidió al Gobierno que «tire para adelante con las centrales térmicas porque «es evidente que sin ellas no hay carbón», aunque además de garantizar su continuidad «hay que garantizar que quemen carbón nacional».

Por último, el presidente de Acom, Alider Presa, pidió que «no se defienda a la minería como un sector económico sino que se tengan en cuenta a los territorios para general alternativas donde desaparece el tejido minero y no queda nada más».

El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, acudió por primera vez a este comité, en sustitución de la delegada de Castilla y León, Virginia Barcones, para dar cuenta al Gobierno de las peticiones hechas desde este comité.