TRIBUNALES
Le piden un año de prisión por una estafa de 33.000 euros en jamones
El acusado se hizo pasar por representante de una empresa
Sala de vistas de los Juzgados de León.
La Fiscalía solicita una pena de un año de privación de libertad, una multa de siete meses con una cuota diaria de 8 euros, el pago en indemnizaciones de 32.676,45 euros, más 212,84 por gastos de devolución de pagarés, así como al abono de las costas judiciales a un empresario granadino del sector cárnico por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro continuado de estafa, al haber recibido cinco pedidos de jamones de la empresa Embutidos Rodríguez, S.L. por un importe total de 35.499,40 euros, de los que solo abonó 2.262,79 euros.
Por su parte, la representación legal de la firma solicita tres años de prisión y el pago de las cantidades que reclama el Ministerio Fiscal por un delito continuado de estafa, con el agravante de reincidencia. Los hechos se juzgarán a finales de noviembre, en el Juzgado de lo Penal Número 2 de León.
«Beneficio ilícito» y engaño
La Fiscalía considera que el encausado, Alejandro Fernández García, contactó con Embutidos Rodríguez para la conseguir productos cárnicos, «con intención de obtener un beneficio ilícito y utilizando engaño bastante». Así, simuló actuar como representante de una empresa de Huetor-Vega (Granada). La acusación particular sostiene que el acusado no tuvo relación alguna con esta sociedad mercantil, aunque el engaño urdido fue suficiente para que la firma leonesa pensara que establecía una relación comercial con la granadina.
Tras comprobar la solvencia de esta mercantil, Embutidos Rodríguez realizó cinco envíos de jamones, entre el 30 de julio y el 27 de agosto de 2014, valorados en 35.499,40euros. Para el pago de las correspondientes facturas, el acusado emitió dos pagarés sin fondos suficientes y denominación errónea del portador en otros cuatro, a fin de que no pudieran cobrarse las cantidades reclamadas, según sostienen las acusaciones.
Auto de enero
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Bañeza se encargó de la instrucción del caso después de que se formulara la oportuna denuncia, dictando auto de apertura de juicio oral en enero de este año, al encontrar indicios razonables de la comisión de los delitos que se imputan al empresario.