El obispo de Astorga preside la comisión que abordará los abusos contra menores
Juan Antonio Menéndez elaboró un protocolo para la diócesis asturicense tras conocerse los delitos de La Bañeza.
Juan Antonio Menéndez también ostenta la presidencia de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal. MARCIANO PÉREZ
A. Domingo | Redacción
La Conferencia Episcopal Española ha encomendado al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, la presidencia de la comisión sobre la actuación en delitos a menores, que actualizará los protocolos de la Iglesia Católica en España para abordar los casos de abusos sexuales a menores desde el punto de vista jurídico y canónico, redactará una nueva norma para la prevención de estos delitos, así como las medidas para su prevención y preparará un encuentro que mantendrá el papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales a finales de febrero, para abordar este problema.
Se da la circunstancia de que Menéndez se ha tenido que enfrentar como obispo de Astorga al primer caso de pederastia reconocido por la Iglesia Católica en León y la Comunidad autónoma. En concreto, los abusos sexuales que sufrieron dos hermanos en el Seminario Menor San José, de La Bañeza, a manos del sacerdote José Manuel Ramos Gordón, durante el curso académico 1988/1989, y los que cometió contra un alumno del Colegio Diocesano Juan XXIII, de Puebla de Sanabria, anteriores en el tiempo, pero denunciados en febrero de 2017. Las víctimas han mostrado su disconformidad con las penas impuestas, reclamando el pago de una indemnización y la expulsión del penado del estado clerical. Además, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene pendiente de resolver otra denuncia, presentada por un exseminarista de La Bañeza.
Por el contrario, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha mostrado reiteradamente su apoyo a la actuación de la sede asturicense en el caso de Ramos Gordón.
Medidas propias
Tras conocerse los abusos del curso 1988/1989, el obispo de Astorga anunció un nuevo protocolo para evitar que se repitan hechos de esta gravedad, con medidas como la obligatoriedad de presentar el certificado de antecedentes penales a catequistas, monitores de campamentos y sacerdotes, obligación que impone la legislación civil a quienes trabajan con menores de edad. Asimismo, señaló el compromiso de la diócesis en la colaboración con las autoridades si se volvieran a producir situaciones de abuso sexual.
