La Junta anima a los ganaderos a que disparen al lobo si acecha al rebaño
Ascel acusa al consejero de incitar a cometer un «delito grave» contra una especie protegida.

maría carnero | león
Ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dejan sin efecto al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, que permitía la caza de este animal al Norte del Duero, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones, viajó ayer a Bruselas para comunicar al director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, su nueva estrategia para controlar la especie.
El consejero, preocupado por el incremento de ataques al ganado de los últimos meses, sobre todo en las provincias de Segovia y Soria, quiere copiar el modelo francés, y así se lo ha hecho saber a Europa, que permite a los ganaderos que tengan licencia de armas disparar al lobo como medida de autodefensa en el caso en caso de que intente atacar al ganado.
Suárez-Quiñones argumenta que tras los encuentros de la Junta en la pasada primavera con Francia, que tiene una problemática similar, su departamento también aplicará «las mismas actividades control» como lo ha hecho el país vecino.
Al respecto, el consejero recordó que «el control» del lobo está permitido según la normativa europea. «El lobo al sur del Duero no se puede eliminar, es una especie estrictamente protegida, no se puede cazar. Solo se puede hacer excepcionalmente actividades de control cuando haya daños significativos como es lo que ocurre en Castilla y León», justificó Juan Carlos Suárez-Quiñones.
«Es una mamarrachada», así ha calificado el colectivo Ascel —responsable de la batalla legal que ha logrado acabar con la caza del lobo en Castilla y León— que recuerda que abatir a una especie protegida es un delito «muy grave».
«Es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, y que no tienen ningún tipo de sustento legal, al contrario, se está incitando a cometer un delito», explicó Juan Ángel de la Torre, responsable de comunicación de Ascel.
Esta asociación considera que «la Junta de Castilla y León no tiene potestad alguna para decirle a nadie que coja una escopeta y dispare contra un animal». Además, opinan que esta nueva manera de querer controlar a la población del lobo supone «cargar de responsabilidad a los ganaderos».
De la Torre considera que si se han incrementado los ataques del lobo en algunas provincias es porque «sigue sin haber un manejo coherente con la presencia de esta especie», a la que calificó como «imprescindible» para el ecosistema «en contra de la política medio ambiental de la Junta que sólo quiere eliminar al 40% de la población para evitar hacer frente a las compensaciones por unos daños que se pueden evitar de otra manera». Desde Ascel se recuerda que «un buen pastor con una palo, un mastín y un cercado, es mucho más efectivo que una escopeta en la lucha contra el lobo».