Ramos Gordón sigue viviendo en Astorga y ha recurrido la sentencia que le condena a diez años en un monasterio

El sacerdote J osé Manuel Ramos Gordón , condenado a diez años de reclusión en un monasterio a causa de los abusos sexuales cometidos contra un alumno del colegio Juan XXIII, sigue a día de hoy en Astorga, concretamente en la residencia de sacerdotes de la Diócesis. El propio Ramos Gordón ha revelado a Diario de León —durante una conversación telefónica— que la razón de que continúe en la capital maragata está en el recurso que ha interpuesto contra la sentencia.

El vicario judicial , Mario González, ha negado conocer este extremo y asegura que no sabe cuáles podrían ser los plazos para que Roma resuelva el recurso.

En el fallo, anunciado el pasado 16 de septiembre por el obispo de Astorga, se subraya que Ramos Gordón cometió abusos sexuales en el Juan XXIII de Puebla de Sanabria entre los años 1981 y 1984. Esta segunda sentencia está provocada por la denuncia presentada por un alumno zamorano que estudiaba en el citado centro. La condena a diez años se debe a la reincidencia en las agresiones, si bien hay que recordar que el sacerdote había sido condenado en 2016 por agresión sexual contra dos alumnos del seminario de La Bañeza.

«Nada que decir»

«No tengo nada que decir, no es un tema de mi incumbencia». Con estas palabras respondía Ramos Gordón a la pregunta de Diario de León sobre la creación de una Comisión de trabajo que, presidida por el obispo de Astorga, pondrá en marcha un nuevo protocolo de actuación ante los delitos contra menores. El sacerdote, que durante la conversación se mostró tranquilo, rechazó decir si durante el segundo proceso había admitido los hechos de los que se le acusaba y se limitó a subrayar de manera reiterada que la decisión de recurrir era obra de su «asesor», cuyo nombre se negó a dar. El cura, que ejerció su labor pastoral en Tábara desde 1990, tampoco ha querido admitir si, como asegura la delegada de Medios del Obispado, Ángeles Sevillano, el obispo de Astorga le prohibió asistir al homenaje que le rindieron los parroquianos pocos meses después de ser condenado por el abuso sexual cometido contra dos alumnos del seminario de La Bañeza. El único momento en el que José Manuel Ramos Gordón se muestra incómodo es ante la pregunta de si se arrepiente. «Si no le importa, damos por terminado esto», trata de zanjar con un pátina de evidente enojo en su voz. En uno de los momentos de la conversación, la contestación de Ramos Gordón indica que no le importaría dar su punto de vista: «Los lectores sabrán juzgar y opinar sobre el tema», dice.

.Una de las víctimas de José Manuel Ramos Gordón, Javier, que recibió abusos del sacerdote en el seminario de La Bañeza, escribió este verano una carta al Papa en la que le pide que reaccione ante una Iglesia que, dice, «sigue ignorando el dolor y el grito desgarrador de justicia». Javier denuncia que la jerarquía eclesial silenció los abusos y recompensó al sacerdote, cuyas agresiones se zanjaron con la privación del oficio de párroco durante un año. Además, se queja de que durante todos los años anteriores, permitió que se convirtiera en un cura homenajeado y respetado. Para ello, se le otorgó el cargo de delegado del Patrimonio de la Diócesis de Astorga. Y eso, a pesar de que el pederasta José Manuel Ramos Gordón lleva una vida de abusos a sus espaldas. De hecho, del centro Juan XXIII de Puebla de Sanabria tuvo que irse por las denuncias de los escolares (hoy juzgadas) y la Diócesis de Astorga dejó que siguiera su ‘misión pastoral’ con niños.

Javier destaca que ellos tuvieron la valentía de denunciar cuando todo ocurría. Lo hicieron ante quienes pensaron que les protegerían: los reverendos Gregorio, Javier Redondo, Santiago Cadierno, Prudencio, el vicario y el Obispo, Antonio Briva. Ninguno de ellos cumplió con su deber de auxilio y protección; ninguno de ellos acudió a las autoridades a denunciar. Más bien, fue al contrario. Al dejar el seminario menor, los dos hermanos sufrieron la ira de los curas que no les perdonaban haberse saltado la ley del silencio. «El actual obispo, Juan Antonio Menéndez, defiende a Javier Redondo, diciendo que en el momento en el que tuvo conocimiento de lo ocurrido, hizo lo que tenía que hacer, avisando al vicario y al obispo que dirigían la Diócesis y que hoy han muerto. En vez de hacer lo que debían, le permitieron continuar un año más donde sé de primera mano que hubo más víctimas y al año siguiente lo desterraron a Tábara para seguir poniendo más niños en riesgo», dice Javier en su carta.

De hecho, es preciso subrayar que  todos los implicados por acción u omisión en este caso fueron recompensados por la Iglesia . Francisco Javier Redondo es hoy vicario de Pastoral Social y Julián Barrio, rector del seminario de Astorga, es arzobispo de Santiago de Compostela.