Las pedanías tratan de recuperar el estatus que les negó Montoro

La juntas vecinales quieren aprovechar la reforma de la Administración local anunciada por el Gobierno central para recuperar lo que perdieron con la reforma del exministro Cristóbal Montoro e incluso mejorar el estatus del que gozaban hasta entonces. Según la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el primer punto «básico e innegociable» consiste en recobrar el carácter de entidad local que perdieron con la reforma de 2013 y que estén ligadas a un territorio, al igual que el municipio, la provincia o la isla.

Otro cambio que esperan revertir es la imposibilidad de crear nuevas pedanías —anulada en 2013— y, por otra parte, dejar el desarrollo normativo de su funcionamiento en manos de la comunidades autónomas, de manera que cada Administración regional ajuste la normativa a las peculiaridades que muestran estos organismos en sus territorios.

La federación considera «dramático» que el problema de las secretarías de las juntas vecinales no se haya solucionado aún, cuando, en el mejor de los casos, los vecinos que ocupan estos cargos no podrán continuar desarrollando estas funciones después de las próximas elecciones locales, que se celebran el próximo mes de mayo.

La propuesta de los concejos leoneses pasa por flexibilizar quién puede ejercer el cargo en la ley de bases de régimen local y en la disposición adicional quinta del Real Decreto de régimen jurídico de los funcionarios habilitados nacionales que prestan sus servicios en las entidades locales. La federación defiende que sean funcionarios quienes se encarguen del puesto de secretario y plantea que pueda tratarse de personal de la Diputación, del Consejo Comarcal del Bierzo, o de las mancomunidades o bien mediante acuerdo de las entidades locales menores con su ayuntamiento, pero «nunca por imposición» de este último, habida cuenta de que, en ocasiones, pedanías y equipos de gobierno municipales «tienen intereses contrapuestos».

Régimen transitorio

La agrupación de juntas vecinales entiende que la Diputación debería contar con un servicio de asistencia a pedanías al que habría que dotar de funcionarios. Podrían formar parte del Servicio de Asistencia a Municipios. Hasta que sea posible cubrir las plazas de funcionarios tal y como se establece en la ley, la federación propone «un régimen transitorio», en el que incluso podrían asignarse las labores de secretaría, intervención y tesorería a un vecino con titulación universitaria. De esta manera se evitaría la falta de seguridad jurídica con la que actúan las juntas vecinales desde la entrada en vigor del reglamento de régimen jurídico de los habilitados nacionales, que mantiene parados, entre otros, trámites como la aprobación de la tasa a las eléctricas.