El Gobierno exigirá planes de transición a las eléctricas que abandonen las cuencas

dl | redacción

El Ministerio para la Transición Ecológica exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se manifestaba así tras la reunión que mantuvo ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los presidentes autonómicos de Asturias, Javier Fernández; Aragón, Javier Lambán, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que señalaron que se debe exigir responsabilidad con las zonas donde están las centrales a las eléctricas que durante años han obtenido beneficios de ellas.

Domínguez Abascal afirmó, no obstante, que «no podemos engañarnos» y que la transición energética, que no la ha inventado la Administración General del Estado, sino que viene de normativas europeas, «la tenemos que hacer». Añadió que el Ministerio está más interesado en el futuro y en las nuevas inversiones en los territorios afectados por el final de la minería del carbón y el cierre de centrales de generación eléctrica que lo utilizan como combustible más que «en la no modificación de algo que tenemos que modificar porque lo obliga la UE».

El secretario de Estado aseguró que el clima de la reunión de ayer fue bueno, «de afrontar los problemas juntos y de reconocimiento de la realidad», e insistió en que la Administración General del Estado no está cerrando centrales de carbón, sino que es por aplicación de la normativa comunitaria el que las plantas que no hagan inversiones para reducir sus emisiones contaminantes tengan que cerrar en junio de 2020.

Preguntado si van a presionar a compañías que han solicitado el cierre de centrales de carbón, como Iberdrola o Endesa, Domínguez Abascal aseveró que «presionar» es una palabra que «no nos gusta», pero sí es cierto que las compañías propietarias de estas plantas tienen vocación de operar en el sistema energético español y tienen que «transformarse para adaptarse a la situación».

En cuanto al cierre de las minas de carbón cuyos propietarios no hayan devuelto las ayudas el próximo 31 de diciembre, Domínguez afirmó que hay dos empresas (Sanca, de Aragón, e Hijos de Baldomero García, de León) que se han sentado con el ministerio porque quieren continuar con su actividad y se están «explorando mecanismos y planes para esa devolución que exige la UE».

Indicó que, en concreto, se están abordando mecanismos de flexibilidad en los plazos de devolución de las ayudas y manifestó que el Gobierno no puede perdonar unas ayudas que no ha dado ni asumir el impacto que puedan tener para las empresas que decidan continuar con su actividad minera.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, explicó que no puede ser que esas compañías se desentiendan de los territorios en que están sus plantas y que sólo atiendan a su interés económico, y ha sido especialmente duro con Endesa, que ha anunciado el cierre de su central en Andorra (Teruel).

En concreto, dijo que la eléctrica, propiedad en un 70 % del grupo italiano Enel, no ha demostrado la responsabilidad social empresarial que «cunde en el tejido empresarial aragonés» y añadió que ha planteado a la ministra que arbitre con las eléctricas fórmulas para continuar con la economía del carbón.

Por su parte, el asturiano Javier Fernández expresó su temor por que el cierre de las centrales de carbón afecte a la economía del Principado, ya que a través del puerto de El Musel, llega el carbón de importación que usan las centrales castellano-leonesas, y a los precios de la electricidad, que son vitales para la importante industria electrointensiva de Asturias.