Desarticulada una red que hacía falsos contratos de telefonía y actuaba en León

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que defraudó 2,7 millones a compañías de telefonía móvil mediante la realización de falsas contrataciones y portabilidades telefónicas y que estafó a más de 600 personas en 48 provincias, entre las que se encuentran 42 castellanos y leoneses de todas las provincias a excepción de Soria.

León, con once casos, —en Astorga, Cababelos, Fabero, tres en la La Bañeza, Ponferrada, Requejo de la Vega, Trobajo del Camino, Valdesalsandinas yValle de Valduerna—, Salamanca, con diez, y Valladolid, con ocho, son las provincias más afectadas por la estafa. En Ávila, Burgos, Palencia y Segovia se contabilizaron tres casos en cada uno y uno en Zamora.

En la operación, según fuentes del instituto armado, se detuvieron a 29 personas, con edades entre los 19 y los 55 años y de ocho nacionalidades diferentes, por la comisión de 634 hechos delictivos, entre ellos estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Higueruela (Albacete), dentro de un servicio operativo de seguridad ciudadadana realizado en una vía de comunicación próxima a la localidad de Caudete, intervinieron dentro de un turismo 21 telefonos móviles de última generación sin que el conductor del vehículo pudiera acreditar la legítima procedencia de los mismos.

Tras la aprehensión de estos dispositivos la Guardia Civil comenzó unas investigaciones que permitieron identificar el origen de los teléfonos y comprobar que constituían un envío dentro de un entramado criminal dedicado a la obtención de teléfonos móviles de alta gama mediante la estafa a las compañías operadoras utilizando un sofisticado y novedoso modus operandi.

Asimismo, se pudo comprobar que existía un elevado número de denuncias formuladas en casi la totalidad del territorio nacional de clientes de operadoras de telefonía que manifestaban haber sido víctimas de delitos de estafa al sufrir cargos indebidos en concepto de pago de coutas de terminales móviles de gama alta y tarifas de telefonía que nunca habían contratado. Dichas denuncias resultaban necesarias para el usuario en el trámite de reclamación de los importes facturados que finalmente eran asumidos por las compañías operadoras.

El lucro principal de la organización criminal procedía de la venta en Marruecos de teléfonos móviles smartphone, de alta gama, obtenidos de manera fraudulenta en España y otros países europeos, principalmente Francia y Alemania. Para ello, según se informa desde el instituto armado, una de las ramas de la organización se dedicaba a comprar de forma ilícita, en países de Sudamérica, datos reales de clientes de compañías operadoras de telefonía móvil que dan servicio en España. Con esos datos, en establecimientos comerciales de «confianza» para la organización, se activaban líneas de teléfono prepago de compañías virtuales para después solicitar la portabilidad de estas líneas a las principales compañías operadoras en España.

Hechas las contrataciones, los teléfonos eran enviados por las compañías a través de empresas de mensajería donde la organización también contaba con repartidores captados que entregaban irregularmente los terminales a la última rama de la organización, encargada de receptar los smartphone, gestionar su salida hacia Marruecos mediante el uso de «mulas» y lograr allí su venta al público obteniendo el beneficio final de la actividad criminal.

Durante los nueve registros practicados en la operación se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades ilícitas del grupo, destacando 10 vehículos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, y dos ordenadores portátiles.