EL FINAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
La Junta exige claridad al Estado en el dinero del carbón al temer agravios
La Comunidad exige al Gobierno transparencia a la hora de repartir las inversiones mineras. Aragón duplica los fondos del plan anterior y la Junta reclama conocer los proyectos aprobados en Asturias y Castilla-La Mancha.

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, ayer en las Cortes.
Castilla y León exige al Ministerio de Transición Ecológica transparencia en el reparto de las inversiones mineras que el Instituto del Carbón está aprobando con cargo al Marco de Actuación de la Minería del Carbón del período 2013-2018, tras detectar que los criterios por los que el Gobierno ha rechazado algunas de las principales infraestructuras reclamadas por la Comunidad no son aplicados en obras aprobadas en otras autonomías. La Junta ya ha mostrado su rechazo al criterio de reparto de los fondos en función de la proporcionalidad de la industria minera afectada por la reconversión; y ahora ratifica estos argumentos.
Tras conocer que Aragón más que duplica el porcentaje de dinero que recibe para sus proyectos en las cuencas mineras respecto al plan anterior (2006-2012), mientras Castilla y León los mantiene a pesar de los informes presentados para argumentar la necesidad de incrementarlos, la Junta exige ahora al Gobierno central transparencia y que haga públicas las inversiones aprobadas en cada zona.
La pasada semana el Principado de Asturias presumió de haber conseguido que el Gobierno respalde con un 54,6% de los fondos destinados en el marco de actuación a infraestructuras en las cuencas (133 millones de euros en total). Los 54 proyectos que según el gobierno asturiano les han sido aprobados suman una inversión de casi 88 millones de euros, de los que el Gobierno aportará 72,5 millones.
TRANSPARENCIA
La Junta de Castilla y León ha reclamado tanto al Instituto del Carbón como al Ministerio de Transición Ecológica explicaciones por haber dejado fuera alguno de los principales proyectos de infraestructuras que había planteado en León y Palencia con cargo a los fondos del Marco de Actuación 2013-2018. Entre ellos la variante de Guardo, el polígono industrial de Carrocera e incluso el proyecto de telecomunicaciones de Bembibre, que el propio instituto había solicitado incluir.
El rechazo del Instituto del Carbón se argumenta alegando que no se ajustaban a las directrices del Real Decreto 675/2014, a pesar de que la Junta aportó toda la documentación adicional que se le solicitó, según explica. El órgano ministerial rechazó los proyectos señalando que no querían incluir carreteras en las infraestructuras a financiar. Sin embargo, en el listado de actuaciones aprobadas en las cuencas mineras aragonesas en este mismo marco inversor se incluyen carreteras, e incluso «arreglos de pistas de tenis y mejoras de vestuarios de polideportivos»; además de proyectos turísticos que han quedado fuera de las actuaciones en León porque no están incluidas en las directrices que marca el real decreto.
El caso es que los fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina a los proyectos aprobados en Aragón suponen un 9,5% del total de los 133 millones de euros destinados a estas inversiones en reconversión de las comarcas en el período 2013-2018, que aún están gestionándose; lo que más que duplica el 4% que acaparaba en el plan del carbón anterior. Y lo hace además en actuaciones que no están recogidas como preferentes en el real decreto.
Castilla y León, por su parte, mantiene prácticamente se mantiene igual (31,3% de los fondos, frente al casi 30% del programa inversor 2006-2012). Los proyectos de las dos comunidades suman un 40,8% del total de los fondos disponibles para actuaciones en infraestructuras, lo que deja casi el 60% del resto de la inversión para repartir entre la mínima industria del carbón de Castilla-La Mancha y Asturias. Es ahí donde la Junta exige al Gobierno central transparencia.