El Gobierno no descarta mantener parte de las térmicas que han acometido inversiones

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 contempla la finalización de la generación eléctrica procedente de las centrales de carbón que continúen su operación más allá de 2020 («un máximo de cinco o seis de las 15 actualmente existentes», ninguna de ellas en León) «como tarde para 2030». Sin embargo, el plan señala que «no es descartable que se mantenga parte de la potencia instalada allí donde se han acometido inversiones para cumplir con el marco comunitario». Así lo refleja en el apartado destinado a la proyección del escenario futuro, al valorar la «dimensión de la descarbonización».

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan, junto con el anteproyecto del Plan de Cambio Climático y la Estrategia de Transición. En el apartado en el que analiza la capacidad instalada del sector eléctrico señala que la razón principal del cierre de las térmicas de carbón es «la dificultad de las centrales para continuar siendo rentables en un entorno fuertemente condicionado por la respuesta europea al cambio climático, en el que el precio de la tonelada de CO2 será, como mínimo, de 35 euros».

Y añade que en todo caso «la finalización de la generación eléctrica de las centrales térmicas de carbón será imprescindible para lograr el objetivo central de mitigación de los gases efecto invernadero del plan nacional, el 20% menos en 2030 respecto a 1990».

Por eso considera que el cierre de las térmicas de carbón es determinante para «la viabilidad misma de los objetivos del plan nacional», por lo que «el Gobierno llevará a cabo en su momento las actuaciones que considere necesarias, al objeto de que no queden malogrados los objetivos de descarbonización del sector eléctrico para el año 2030».

PLAN DE ACCIÓN URGENTE

La Estrategia de Transición, aprobada ayer por el Gobierno junto con el plan nacional, será sometida a información pública. El plan fue enviado ayer mismo a la Comisión Europea, y se anuncia como un «motor de creación de empleo».

Dentro del Plan de Acción urgente para las comarcas mineras y cierre de centrales se recuerda que «para gestionar los desafíos a corto plazo» el Ministerio para la Transición Ecológica asumió tras su creación el cierre de las minas de carbón y el cese de la actividad de las térmicas que no habían realizado las inversiones para adaptarse a la normativa europea. Pero aprobó un Plan de Acción Urgente 2019-2021, que tiene como objetivo garantizar que los trabajadores que pierdan su empleo en las empresas mineras tengan compensaciones como prejubilaciones o bajas incentivadas; mantener el empleo a corto plazo con la restauración y ofrecer convenios de transición a las comarcas del carbón.

«En pocos meses se ha salido al rescate de los territorios», señala el Gobierno, que recuerda el acuerdo de octubre como ejemplo de que «a pesar de la urgencia se puede conseguir el consenso y el acuerdo social». Señala que se ha agilizado la concesión de subvenciones a las comarcas, con 134 millones de ayudas hasta 2024; y se ha dotado a los Planes de Restauración, Energías Renovables y Eficiencia Energética hasta 2023 con 158,4 millones de euros.