CONFLICTO CON LA CAZA
Los cazadores apuestan por llevar a los tribunales a la Junta y al TSJ
"Lo importante, que sería recurrida por Pacma ante el juez, sino que la Junta aporte estudios científicos que avalen la caza", advierte el abogado de la federación
Un cazador en el coto de Peñacorada.
El abogado de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Alonso Sánchez, aconseja al sector cinegético de la autonomía que emprenda acciones legales contra la Administración de Justicia y contra la Junta de Castilla y León por la suspensión cautelar de la caza en esta región.
En declaraciones a Efeagro, Sánchez, quien considera que esta decisión judicial no tiene precedente en España, defiende emprender esas acciones alegando daños y perjuicios y de responsabilidad patrimonial.
El abogado asegura que esta decisión es un "disparate" ya que el afectado por esa suspensión cautelar -el cazador- no figura como parte demandada (Gobierno regional) ni como demandante (Pacma).
A su juicio, este tipo de decisiones judiciales están previstas cuando la suspensión "afecta a una de las partes". En concreto, Sánchez considera que el sector cinegético puede alegar contra la Administración de Justicia que el auto ha causado "daños y perjuicios" por una decisión "injusta" y contra la Junta por "responsabilidad patrimonial" aduciendo "daños económicos" por aspectos como "no haber defendido el pleito correctamente".
El abogado prevé que si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) no levanta la suspensión cautelar -habrá que esperar a la resolución de los recursos presentados- la misma puede estar vigente "varios meses" a la espera de la sentencia.
La Junta de Castilla y León confía en que el último Pleno de las Cortes aprueben la modificación que preparan los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y UPL para dar cobertura legal a la actividad cinegética.
Este abogado cuestiona que ese sea el camino para retomar la actividad cinegética ya que "lo importante" no es modificar la normativa -que, según prevé, sería recurrida por Pacma ante el juez- sino que la Administración aporte estudios científicos que avalen la caza.
Precisamente en el auto, consultado por Efeagro, el TSJCyL expone que los informes presentados "no son actuales" y "no consta que se hayan utilizado estudios científicos objetivos", usando este fundamento como uno de los principales para determinar la suspensión cautelar de la caza.
