La estrategia contra la despoblación se aplicará en dos tercios del territorio

El mapa demográfico de la provincia de León tiene 119 municipios por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, por lo tanto, son el objetivo de la Estrategia Nacional por el Reto Demográfico cuyas directrices aprobó ayer el Consejo de Ministros para frenar el abandono de los pueblos. Son más de 52.000 las personas que viven en estos ayuntamientos, cuyos territorios ocupan dos tercios de la superficie de la provincia. Más de 10.000 km2 de León están despoblados o «en riesgo de despoblación» como cataloga la Unión Europea a la situación de estos municipios cuya lista no deja de aumentar.

Prácticamente todos los ayuntamientos afectados por esta crisis demográfica han visto empeorar su situación en los últimos cinco años e incluso dos, Pozuelo del Páramo y Ardón, han entrado en esta lista, que incluye municipios relativamente grandes como Boñar y en la que están representadas todas las comarcas de la provincia.

La más castigada es La Cabrera, que alberga el municipio con menor densidad de población de León, Castrillo, donde sus 122 habitantes disponen prácticamente de un kilómetro cuadrado para cada uno. Pero en los puestos de salida del ránking hay ayuntamientos pertenecientes a la Montaña Oriental, al Bierzo, Omaña, la Montaña Central, Luna, Babia, Astorga, La Bañeza y Tierra de Campos.

Los planes gubernamentales se desarrollarán en estos territorios, el 56% de los municipios de León. Pero lo que está en el aire es el destino de los fondos europeos contra la despoblación, ya que Bruselas mantiene de momento que el criterio de la densidad de población provincial sea el que defina el reparto de ayudas, en lugar del municipal o de agrupaciones de municipios. En el primer caso, León se quedaría automáticamente fuera del programa de fondos específicos para las Áreas Despobladas del Sur de Europa. En el segundo, se tendría en cuenta la densidad de los municipios del entorno rural, excluyendo capitales y otras grandes ciudades que con sus cifras de población distorsionan la realidad demográfica del territorio provincial.

Pese a lo anunciado por Pedro Sánchez esta semana, el Consejo de Ministros no ha aprobado la Estrategia Nacional por el Reto Demográfico sino las directrices que se plantean en este programa, para el que aún no se aporta financiación ni propuestas concretas. Eso sí, el Ejecutivo pretende implicar a todos los ministerios, con un paquete de 80 medidas referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica. Es pues un grupo interministerial, que prevé incorporar «una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales», según reza el acuerdo aprobado por el Ejecutivo de Sánchez.

Reto demográfico

«Este reto demográfico es un auténtico proyecto de país que favorece la cultura de la cooperación y de la colaboración entre todas las administraciones y partidos políticos», destacó ayer la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la rueda posterior al Consejo de Ministros sobre una estrategia con «carácter global y transversal» que tendrá que ser aprobada en la Conferencia de Presidentes donde están representadas las comunidades autónomas.

Las directrices centran la estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. También recoge un diagnóstico de las principales variables de población en España, presentado previamente a las comunidades autónomas.

Los siete objetivos transversales en los que trabaja la Moncloa abarcan desde el desafío digital al desempeño diario en los pequeños ayuntamientos. Así, prevé garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020 y asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población «en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio e incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social».

Además de la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos, el Gobierno también pretende eliminar los «estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos».

La igualdad de oportunidades para todos los territorios se traducirá en la mejorar los mecanismos «para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades».

Finalmente, el Gobierno pretende alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia contra la Despoblación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.