Somiedo alega la pérdida de ayudas PAC para paralizar el deslinde de Cabrillanes

«Es una argucia legal para ganar tiempo y seguir aprovechándose se los pastos». Así se explica el abogado del Ayuntamiento de Cabrillanes, Mario García Méndez, la adopción de medidas cautelares conseguida por el Ayuntamiento de Somiedo que vuelve a paralizar el deslinde entre ambos municipios.

El pasado 3 de julio, la Audiencia Nacional dictó un auto por el que se suspende hasta que se resuelva la vía judicial la ejecución de una orden ministerial por la que se acordó el deslinde entre el municipio asturiano de Somiedo y el leonés de Cabrillanes en torno a la titularidad de 674 hectáreas de montes comunales por las que ambos litigan desde el siglo XVIII.

El letrado leonés lo tiene claro, la justicia ya dio la razón a Cabrillanes en su histórico litigio con Asturias por la titularidad de estos terrenos, según la sentencia dictada en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que «es firme y por lo tanto sin posibilidad de recurso», afirma.

En base a esta sentencia, el Ministerio de Política Territorial de 15 de marzo publicó una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de abril, en la que establecía la ejecución de la sentencia que reconocía la propiedad leonesa de las tierras conforme al acta de la Real Ejecutoria de 1788 firmada por Carlos III y contra la que han recurrido desde Asturias. «La ley permite estas cosas, Somiedo ha recurrido esta orden y la Audiencia acepta las medidas cautelares hasta su resolución», explica García Méndez, que asegura que aún no ha recibido el auto ni las alegaciones aportadas por Somiedo, por lo que «no hemos tenido la oportunidad de defendernos».

Según adelantó el martes la agencia Efe, el recurso interpuesto por el Ayuntamiento autonómico esgrime la importante repercusión económica que puede tener en la localidad de El Puerto, eminentemente ganadera, el deslinde en favor de León.

De hecho, la propia Audiencia Nacional resalta en el auto la excepcionalidad de la suspensión que se ha adoptado y para la que se ha tenido en cuenta el «detallado análisis» de los perjuicios derivados de la no suspensión y que hacen referencia, señala, a la afectación por la orden recurrida de los montes proindiviso titularidad de cada uno de los municipios en conflicto.

Además, el propio tribunal de la Sección Séptima hace hincapié en el «claro efecto» que tiene en cuanto a las ayudas de la PAC, en un auto contra el que cabe la interposición de un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

En la superficie objeto del histórico litigio existen tanto terrenos privados como monte de utilidad pública y, por tanto, unos aprovechamientos de pastos que conllevan unos ingresos para los pueblos, puesto que pueden ser declarados en sus solicitudes de ayudas de la PAC.

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Carillanes, 440 de las 678 hectáreas tendría derecho a los subsidios de la PAC siempre que exista un aprovechamiento ganadero.

Somiedo mantiene seis ganaderías en su territorio durante todo el año. El censo de ganado alcanza las 1.000 cabezas de ganado mayor, según apuntaban ayer algunos vecinos de un pueblo que no llega al centenar de vecinos. Además de las granjas del pueblo, los rebaños de los vaqueiros aprovechan también los pastos del puerto entre los meses de mayo a noviembre, aproximadamente.

La superficie que otorga la orden ministerial al municipio babiano podría valorarse según la Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Agricultura de 2017 en 11.660 euros por hectárea para los prados y pastos permanentes en el Principado de Asturias. Si este valor se aplica al 65% del suelo recuperado —la superficie elegible para Europa— la cuantía resultante superaría los cinco millones de euros.

Muy distinta cantidad resultaría de una supuesta venta al precio medios establecido para León, que alcanzaba los 2.851 euros en el último ejercicio recogido —dato de la Consejería de Agricultura y Ganadería—, un 75,5% más barato. Bien es cierto que Asturias es la tercera comunidad autónoma de la península con el precio de pastos más alto, después de los que marcan Cantabria y Galicia.