Un experto en eludir la prisión por su condición de insolvente

Victorino Alonso, el que se ha considerado como el empresario minero más importante del país, ya eludió la prisión a finales del año pasado cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le suspendido definitivamente la condena de dos años por un delito contra el patrimonio histórico al destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, basándose, entre otras cosas, en que es insolvente para afrontar la elevada cuantía. El empresario fue juzgado en noviembre de 2016 por dar la orden de entrar con una excavadora en el yacimiento, situado en su finca, para nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. También fue condenado a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros al Gobierno de Aragón. Tanto el Ministerio Fiscal como los abogados del Gobierno de Aragón y de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) eran partidarios del ingreso en prisión del empresario minero. Sin embargo, el juez se acogió al artículo 80.1 del Código Penal, que prevé la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años (el Juzgado de lo Penal lo condenó a dos años y seis meses, pero la Audiencia Provincial de Huesca rebajó la pena a dos años por dilaciones en el proceso). Para ello se valoraron distintas circunstancias, como los antecedentes, y «su esfuerzo reparador del daño causado», es decir, que haya satisfecho la responsabilidad civil, salvo que se declare su imposibilidad para afrontarla, por se insolvente, pese a lo cual está realizando pagos parciales, de forma mensual, al tener embargada parte de su pensión.