La Diputación reorganiza las ayudas a los sindicatos agrarios para que haya «igualdad»
Suprime la asignación anual de 30.000 euros que recibía para su funcionamiento la Cámara Agraria de León
Dos tractores realizan labores en el campo en una explotación de Palacios de Fontecha.
La Diputación de León ha anunciado su intención de reestructurar el sistema de ayudas que la institución provincial destina a las organizaciones agrarias de la provincia de León para que puedan «acceder todas, en igualdad de condiciones», según manifestó la diputada provincial de Desarrollo Rural, Avelina Vidal. Esta medida implica la suspensión de la ayuda anual de 30.000 euros que la institución provincial tenía asignada a la Cámara Agraria de León, la única que se mantiene en activo de la comunidad. De hecho, en los últimos presupuestos provinciales, aprobados recientemente, ya no aparece esta partida.
La cámara leonesa sigue operativa después de que Asaja creara la Asociación de juntas Agropecuarias Locales (Ajal) en julio de 2014 —tras la eliminación por ley del las ayudas a los gastos corrientes de las cámaras—, para mantener el asesoramiento que esta entidad ofrecía a estas entidades, y fijó la sede social en el local propiedad de la Cámara Agraria. Además, Ajal se hizo cargo de la Lonja Agropecuaria de León.
La decisión de suprimir esta ayuda ha sentado como un jarro de agua fría en Asaja. Su secretario provincial, José Antonio Turrado, lamenta esta decisión, sobre todo porque tenía el compromiso del PSOE de León de mantenerlas mientras gobernara en la Diputación. «Esta decisión pone en serio peligro la labor que realiza Ajal que presta asesoramiento a 80 juntas agropecuarias locales», explica Turrado, que confirmó que «desde Asaja se tratará de mantener este servicio tan importante».
Los 30.000 euros de la Diputación suponían el 40% del presupuesto de Ajal, que asciende a 70.000 euros, el resto proviene de las cuotas que pagan las juntas agropecuarias a las que prestan los servicios de asesoramiento, a diversos cursos de formación que organizan y de servicio de inspección técnica que ofrecen a maquinaria sulfatadora. «Con ese dinero se paga el alquiler de la sede, el sueldo de dos trabajadoras altamente cualificadas y un coche para los desplazamientos», explica Turrado, que lamenta que con la disolución de la cámara se crea un problema laboral, para estas dos personas, y también se pierde un servicio de asesoramiento que nadie presta en estos momentos.
Por su parte, la diputada Avelina Vidal explica que su departamento trabaja en un proyecto para prestar estos servicios a través de las Opas, con un sistema de asesoramiento compuesto por un biólogo y un veterinario, entre otros profesionales. «De todas formas estamos abiertos al diálogo con todos los sindicatos para conocer su postura», afirmó Vidal.
«Lo que buscamos con este proyecto es que las ayudas lleguen a un mayor número de agricultores y ganaderos a través de los sindicatos pero también de las cooperativas, por eso las queremos reestructurar de otra manera», explicó la diputada.