Los presuntos proxenetas retenían el dinero a las mujeres para cobrarse su manutención y alojamiento ALBIRES
El fiscal pide 27 años de cárcel para los acusados de explotar prostitutas
Los cuatro personas detenidas por la Guardia Civil en agosto del 2000 como presuntos explotadores de nueve mujeres de Colombia, Ecuador
El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que los acusados E.P.G., A.G.G., J.L.S.C. y F.R.N. se pusieron de acuerdo, «y con ánimo de lucrarse, introdujeron y/o forzaron a nueve mujeres a ejercer la prostitución» desde mayo a agosto del 2000. También considera que los imputados se aprovechaban de la «situación de necesidad económica» de las extranjeras, que procedían de Ecuador, Brasil y Colombia, para explotarlas ejerciendo la prostitución. El acusador entiende que todas llegaron a España del mismo modo. Recibían una oferta laboral y mil dólares en su país de origen a través de personas que contactaban con E.P.G. A cambio firmaban un documento asumiendo deudas de 3.606 euros a 6.010 euros. Conocían el trabajo que iban a desempeñar y lo aceptaban, aunque se les había dicho verbalmente que recibirían directamente el dinero que obtuviesen con su trabajo, relata el fiscal. Sin embargo, cuando llegaban a España vía aérea por Ba~rajas o haciendo escala en París, se les retiraban los mil dólares y E.P. las conducía al club Principado, del que era arrendatario. Condiciones lamentables A la llegada al local o en el camino, el acusado A.G.G. les explicaba las condiciones el trabajo, «bajo vigilancia y control de las escasas salidas del club, retención de dinero para ir saldando la deuda, cobro de gastos de manutención, alojamiento y por incurrir en faltas, como retrasarse con un cliente, sentarse en determinados lugares, darle bebida a una compañera, incumplir el horario o no querer trabajar estando enfermas», especifica el fiscal. Los otros dos acusados eran camareros del Principado y, según el acusador, recibían el dinero de los servicios sexuales, cooperaban en la vigilancia de las mujeres e informaban del trabajo que realizaba cada una, además de las posibles faltas que podían cometer. El fiscal acusa a los cuatro de nueve delitos relativos a la prostitución y pide tres años de cárcel por cada delito, además de indemnizaciones millonarias para las presuntas víctimas.