Aznar confirma la reversibilidad de las prejubilaciones tras el «decretazo»

Durante la comunicación del Gobierno que abrió la sesión del debate y en la que Aznar explicó sus políticas en el último año y avanzó qué camino van a seguir la de los dos que le restan de legislatura, el presidente defendió la reforma que han realizado de la política de empleo. Tras ofrecer cifras sobre el crecimiento económico y del empleo, comenzó a justificar porqué se decidió reformar el Inem y por qué utilizaron el «decretazo», sin agotar el diálogo con los sindicatos. En ese momento pasó a detallar los logros que se pretenden alcanzar con él y pronunció las palabras reproducidas anteriormente, de forma textual del Diario de Sesiones. La diputada socialista Amparo Valcarce señala que no se deben confundir «derechos de protección social como los subsidios por desempleo y las prejubilaciones, que en minería son un acuerdo con el Gobierno mediante el Plan del carbón». «Son derechos adquiridos de los trabajadores, y los prejubilados mineros lo son por razones ajenas a su voluntad, pactadas en unas condiciones específicas para el sector», recuerda. Valcarce señala que pretenden que un minero prejubilado, «con una vida laboral reducida por la especial penosidad de su trabajo, se dedique desde ahora, por ejemplo, a la construcción». Además de generar una inseguridad laboral y económica, señala la socialista, se creará una nueva incertidumbre en un sector «amenazado durante seis años», primero por el Protocolo Eléctrico «del ministro Piqué» y después por el intento en la UE de poner fin a las ayudas directas a las empresas para la producción: «¿Se les abre otro frente?», se pregunta. La diputada del PSOE recuerda que las prejubilaciones mineras se pactaron para reducir costes laborales, con el fin de sanear las empresas y dimensionar las plantillas de forma adecuada; y para que este proceso de reconversión del sector no fuera traumático para los trabajadores. «¿Qué hacen los empresarios, y el Gobierno, si los mineros deciden no acogerse desde ahora? Porque no se debe olvidar que son voluntarias; ¿o pretenden hacerlas obligatorias?», añade Valcarde. También advierte que no es de recibo que se pretenda que trabajadores que llevan cotizando casi dos décadas o más y que tienen unas condiciones laborales y un empleo estable lo abandonen y luego cojan otro más precario e inseguro, cuando además han estado trabajando en condiciones de alta penosidad e insalubridad, señala. Amparo Valcarce concluye preguntándose si una decisión así -a la que el PSOE opondrá una enmienda en el Parlamento- pretende dificultar más el paro en las cuencas: «¿Buscan que los prejubilados disputen el poco empleo que hay en zonas mineras para los jóvenes? Esto sólo incrementará la precariedad laboral que ya existe».