La justicia no admitió ocho recursos planteados por el CTR y archivó dos desde 1998, asegura Gersul

La justicia no admitió ocho recursos de distintas entidades contra el CTR desde 1998, según un balance que ayer hizo público el consorcio provincial para la gestión de residuos, Gersul, y que, en opinión de su presidente, Lupicinio Rodrigo, significa que «el proyecto está bien hecho». El portavoz de la asociación Órbigo Tuerto, Froilán Cabello, aseguró ayer que «nadie nos ha dado la razón, pero nadie nos la ha quitado, porque los jueces consideran que ni la asociación, ni la mancomunidad del Órbigo ni el Ayuntamiento de San Justo están legitimados para plantear recursos». Según el balance de Gersul, distintos tribunales decidieron no admitir los recursos planteados por Órbigo Tuerto en enero de 2000 contra la adquisición de terrenos para el CTR y contra la aprobación definitiva del plan de gestión de residuos -que obtuvo resolución judicial hace escasos días-. Mancomunidad del Órbigo Tampoco fueron admitidos los de la mancomunidad del Órbigo contra los acuerdos de la asamblea general de Gersul el 22 de diciembre de 1998 y contra la denegación presunta al requerimiento formulado sobre la anulación de uno de ellos; y los planteados por el Ayuntamiento de San Justo contra la adquisición directa de los terrenos, en junio de 1998, y contra la concesión del sistema de gestión de residuos. La justicia tampoco admitió los de los concejales de San Justo Ricardo García y Raquel González, de enero de 2002, contra el Ayuntamiento por no paralizar las obras del CTR, y el de la empresa Necso, contra la adjudicación de la concesión del sistema de gestión de residuos. Los tribunales archivaron el recurso de la UTE Urbaser - Collosa por esta última cuestión, y el de Órbigo Tuerto de diciembre de 1998, contra la desestimación por silencio administrativo por la solicitud de declaración de nulidad del concurso de adquisición de terrenos. Finalmente, quedó desestimado el de esta entidad y el frente intermunicipal de ayuntamientos en julio de 2001 contra el decreto autonómico 36/2001, de 15 de febrero. Rodrigo dijo ayer que «la justicia nos ha dado razón en todo, y los procesos que quedan no son contra nosotros, aunque sí estamos personados», como el referido a un decreto de la Junta para la ocupación de los terrenos sometidos a expropiación forzosa. Mientras, Cabello apuntó que «ha habido resoluciones que perjudican al consorcio, como la declaración de ilegalidad de la compra directa de los terrenos para el CTR, en 1999, pero eso no lo dicen», indicó.