Diario de León

El Estado sufraga la diferencia hasta el precio real y da primas a la térmicas por quemar hulla española

El coste del carbón nacional para las eléctricas es menor que el importado

El precio que pagan las compañías eléctricas a las minas por cada tonelada de carbón nacional es menor que el coste que tiene para ellas una

Imagen de archivo de la térmica Compostilla II, en Cubillos del Sil, y su parque de carbones

Imagen de archivo de la térmica Compostilla II, en Cubillos del Sil, y su parque de carbones

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J.A.O. Redacción - LEÓN.
León

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La intención del Gobierno español, negada por el Ministerio de Economía pero avalada por el propio documento que pretende enviar a Bruselas, de dejar en manos de las eléctricas la fijación en el 2004 del montante de producción que formará parte de la reserva estratégica para el abastecimiento energético hasta el 2010 además de ser rechazado en bloque por las cuencas está levantando ampollas. No se acaba de entender que las térmicas presionen en Madrid para controlar el sector carbonero español cuando hoy por hoy sale más barata la antracita nacional que la importada. Las fuentes consultadas recuerdan que Endesa, Fenosa, Iberdrola o Hidrocantábrico están obligadas por la normativa comunitaria y nacional a abonar el mismo precio medio que pagan por el carbón importado a las minas españolas con las que tienen contratos de suministro. Este valor se obtiene del índice independiente McClosky y del que publica trimestralmente la UE; el primero es mensual y refleja los precios medios del carbón en el mercado libre internacional y el segundo lo elabora la Comisión Europea en base a los datos que les facilita cada Estado, que a su vez los obtiene de las declaraciones ene este sentido que están obligadas a hacerle las eléctricas. El McClosky arrojó, en un última publicación en noviembre, un precio de 34,55 dólares. El UE, de junio el más reciente, 42,71 dólares; el mismo valor prácticamente en euros, puesto que ambas monedas están casi en paridad. En León, el precio medio de la tonelada producida en sus 28 minas está en 80-90 euros/tonelada. Las térmicas pagan a las minas el mismo valor que el que reflejan los indicativos UE o McCloskey en cada momento -dependiendo del índice elegido por cada eléctrica- y la diferencia la abona el Instituto del Carbón: son las ayudas a la producción corriente del Plan del carbón, que cada año debe autorizar además Bruselas. Distorsión Pero las eléctricas obtienen gracias al carbón nacional, se apunta desde la minería leonesa, un beneficio añadido, la peseta/kilovatio; que, recuerdan, fue el pago del Gobierno por sacar del Protocolo Eléctrico en 1996 una regulación del carbón que, por presiones de estas compañías también, hubiera acabado con él, al dejarlas casi sin ayudas y casi en inferioridad frente al mercado internacional. Según fuentes patronales consultadas, esos 0,006 céntimos que reciben las térmicas por cada kilovatio que generan con carbón español supone que se está distorsionando el precio real, puesto que de la parte que pagan efectivamente las eléctricas obstinen una prima que llega en la mayoría de los casos al 30% de esa cuantía. Resultado: de cada tonelada que compran a las minas «se embolsan» una diferencia de casi una tercera parte respecto al carbón que traen de los puertos. Más, apuntan, si se tiene en cuenta el mineral importado hay que transportarlo desde los muelles a las centrales. A partir de aquí, señalan fuentes sindicales y patronales consultadas, ya es suficiente para que no sea entendible el interés de las eléctricas por controlar el sector minero: obtienen un importante beneficio directo del carbón nacional. Esas mismas fuentes sospechan que la estrategia puede ser también lograr controlar la producción para tener que pagar menos aún; aunque esto choca con la legislación europea. La Comisión ultima el trámite incluso para un reglamento que mantenga y supla la legislación Ceca que impedía que se venda carbón autóctono por debajo del de libre mercado internacional, evitando así la distorsión de la libre competencia. Aunque la tesis más compartida es que al final las eléctricas lo que pretenden es presionar, «sacar tajada», y lograr que se les autoricen ayudas para modernizar sus instalaciones antes del 2008, cuando tendrán que adecuarse a la rígida normativa sobre contaminación y aplicación de mejores técnicas disponibles, que reducirá drásticamente los niveles actuales permitidos de emisión de anhídrido carbónico y azufre.

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