Medio ambiente
El Gobierno devolverá los avales a los proyectos renovables poco viables
El exceso de solicitudes colapsa a las administraciones y puede impedir que se ejecuten los parques que realmente tienen viabilidad
provinciagraf
Mañana se acaba el plazo dado hace un mes por el Gobierno central para que aquellos promotores que no deseen seguir adelante con sus proyectos puedan renunciar a los correspondientes permisos de acceso y conexión con la devolución de las garantías presentadas. O lo que es lo mismo, la avalancha de proyectos renovables que se han presentado en León en los últimos dos años puede experimentar un severo recorte, si se descartan aquellos que sean poco viables económica o medioambientalmente. La opción forma parte del Real Decreto-Ley 29/2021 publicado en el BOE el pasado 23 de diciembre y aprobado por el Consejo de Ministros el día 21 del mismo mes. El argumentario del Gobierno es que en la actualidad hay otorgados permisos de acceso y conexión a la red por 150 GW, mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima apunta a tener operativos 35 GW adicionales en 2025 y 60 GW en 2030.
Es evidente el «exceso» de solicitudes, según apunta el Real Decreto, que considera que muchos de ellos son «inviables económica o ambientalmente». Además, los proyectos sobrantes pueden llegar a impedir que se lleven a cabo los proyectos viables que han demostrado su voluntad de construir las plantas de generación proyectadas, «debido a la incapacidad de las administraciones para evaluar y tramitar un contingente tan elevado de proyectos».
El Ejecutivo destaca que también está en peligro la necesidad de responder adecuadamente a las exigencias económicas y ambientales asociadas al despliegue de renovables «y las asociadas a la cohesión social y territorial en lo que afecta a las líneas de evacuación y conexión a red».
La medida responde a la solicitud de las Comunidades Autónomas. que pidieron unánimemente durante la última Conferencia Sectorial de Energía la flexibilización de los plazos asociados a los hitos intermedios de la tramitación de los proyectos, ante la imposibilidad de terminar en tiempo y forma todas las solicitudes.
El Real Decreto fija también un plazo adicional de nueve meses para los hitos intermedios relativos a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la Autorización Administrativa de Explotación definitiva, con la consiguiente entrada en operación de la instalación.
El Gobierno reconoce que la reducción de costes de las tecnologías renovables permite que las instalaciones puedan competir en el mercado sin necesidad de «primas», a lo que se suman como incentivos la abundancia del recurso y la gran oferta de capital en los mercados. Por ello, los principales factores limitantes para la instalación de nuevos proyectos vienen determinados por el acceso a la red de transporte y distribución, la capacidad de las administraciones para tramitar proyectos así como la necesidad de ponderar adecuadamente, de una parte, las exigencias económicas y ambientales y, de otra, las asociadas con la cohesión social y territorial.